Justicia para las mujeres Achí
Hasta aquí han llegado gracias a su coraje y persistencia.
La búsqueda de justicia por graves crímenes ocurridos durante la guerra en Guatemala sigue siendo un camino tortuoso y empinado. Sobre todo para las mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual.
Además de enfrentarse a un sistema judicial dominado por estructuras de tráfico de influencias y redes de corrupción que promueven la impunidad, deben afrontar el negacionismo, el racismo estructural que en este país es la norma; y la defensa acérrima (e incluso la justificación) de las atrocidades cometidas.
Las descalificaciones y estrategias de desprestigio para tratar de invalidar sus testimonios han sido una constante durante los anteriores procesos judiciales en los que se ha juzgado a expatrulleros de autodefensa civil (PAC), excomisionados militares y altos mandos del ejército responsables de planificar u ordenar estos crímenes. Estas prácticas afectan también a fiscales, jueces y juezas involucrados en estas causas, a quienes se busca intimidar, presionar y/o desacreditar para que no ejerzan sus funciones de manera independiente.
Por eso resulta más que importante reconocer la dignidad, valentía y perseverancia de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual,quienes, a pesar de todos estos obstáculos y de llevar décadas topándose con el muro de la indiferencia y la impunidad, continúan reclamando justicia y exigiendo que se siente un precedente para que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse.
Hoy el sistema judicial guatemalteco vuelve a ponerse a prueba. Esta mañana da inicio en el Tribunal de Mayor Riesgo B el juicio en contra de Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez, tres exparamilitares acusados de violencia sexual en contra de 6 mujeres Maya Achí de Rabinal, Baja Verapaz. Los hechos por los que serán juzgados ocurrieron entre 1981 y 1985, durante las dictaduras militares de Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores.
Las mujeres Achí fueron abusadas en sus casas, en los alrededores de su comunidad o mientras estaban detenidas
Cuarenta años tuvieron que esperar las mujeres sobrevivientes para que su caso llegara a juicio.
arbitrariamente. Muchas veces las violaciones ocurrieron frente a sus madres, padres o esposos. “Algunas de ellas quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones múltiples a las que fueron sometidas y otras ya no pudieron procrear”, señala la acusación del Ministerio Público y del Bufete Popular de Rabinal, querellante en este caso.
Tribunales nacionales e internacionales que han emitido sentencias en este tipo de casos —incluidos los fallos en Guatemala del Tribunal de Mayor Riesgo A en el juicio por el genocidio contra el pueblo Ixil y el Tribunal de Mayor Riesgo C que conoció el caso de Emma Molina Theissen— han determinado que la violencia sexual se utilizó como “arma de guerra”. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó mil 465 casos de violación sexual como parte de la estrategia contrainsurgente: 8 de cada 10 en contra de mujeres indígenas, incluyendo niñas.
Cuarenta años tuvieron que esperar las mujeres sobrevivientes para que su caso llegara a juicio. En 2018 los acusados fueron detenidos, pero un año después la jueza Claudette Domínguez resolvió el sobreseimiento del proceso y ordenó su liberación. No fue sino hasta 2022 que una sala de apelaciones revocó el fallo y resolvió que debían enfrentar un debate oral y público, que inicia hoy.
Hasta aquí han llegado gracias a su coraje y persistencia. Sus voces y testimonios serán escuchados por un tribunal que tiene en sus manos hacer justicia. Este juicio, el segundo por violencia sexual en contra de mujeres Achí, nos interpela también como sociedad y representa una nueva oportunidad de romper el silencio y el olvido y de reconocer que en Guatemala hubo terrorismo de Estado para que nunca más vuelva a repetirse.
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