A contraluz
Justicia benévola para los criminales
La justicia tarda en llegar para las víctimas y, cuando llega, es generosa con los culpables.
Hace 43 años ocurrió uno de los casos paradigmáticos más atroces del conflicto armado interno en Guatemala: el 6 de octubre de 1981, individuos fuertemente armados llegaron a la vivienda de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, a quien engrilletaron, le pusieron un costal en la cabeza y lo subieron a la parte trasera de un picop, con placas oficiales, que se fue con rumbo desconocido. Esa fue la última vez que Emma Theissen vio con vida a su hijo, de quien hasta la fecha ignora su paradero. Este delito de lesa humanidad dejó ver cómo el Ejército se ensañaba contra la población civil indefensa, como este adolescente que no tenía ninguna participación en el enfrentamiento bélico que se libraba en el país. Durante años, sus padres hicieron hasta lo imposible para lograr su liberación o por lo menos recuperar sus restos para darles sepultura, pero las fuerzas oscurantistas les negaron esa mínima posibilidad humanitaria.
Fallo determinó que el Ejército se ensañó contra la población civil indefensa durante el conflicto armado.
¿Por qué secuestrar y desaparecer a un menor de edad inocente? Ese hecho cruel fue una represalia por la fuga de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen de la base militar Manuel Lisandro Barillas, de Quetzaltenango. La joven había sido detenida por efectivos del Ejército en una carretera de ese departamento cuando llevaba propaganda de una organización revolucionaria, y en forma arbitraria e ilegal fue conducida a un calabozo en el referido cuartel castrense. Durante nueve días fue interrogada, torturada y violada múltiples veces. En un descuido de sus captores, Emma Guadalupe logró escapar de la base militar. Efectivos del Ejército la buscaron en varias regiones del país, hasta llegar a su casa de habitación. Debido a que no lograban dar con su paradero optaron por llevarse a la fuerza a su hermano Marco Antonio, quien se convirtió así en una de las miles de víctimas detenidas-desaparecidas en el país.
En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable de las violaciones sufridas por la familia Molina Theissen y ordenó investigar los hechos para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio y las torturas y violaciones sufridas por Emma. Tuvieron que pasar varios años de esos crímenes para que la justicia condenara a los responsables, los militares retirados Francisco Luis Gordillo, Hugo Ramiro Zaldaña, Manuel Callejas y Benedicto Lucas. El tribunal determinó que el Ejército planificó y dirigió la lucha contrainsurgente y que en ese contexto se extralimitó en sus funciones, con graves consecuencias para la población civil indefensa. El fallo señala que los altos mandos del Ejército sabían que violaban los derechos humanos porque no podían aducir desconocimiento de los tratados internacionales. Pese a ello, actuaron con extrema violencia, causando “dolor, muerte, impotencia, afecciones físicas y psicológicas causantes de desintegración familiar y desarraigo de familias completas”.
La familia Molina Theissen tardó 37 años en conseguir justicia, pero Lucas, Callejas y Gordillo recibieron un trato humano que jamás tuvieron con sus víctimas. La mayor parte del tiempo su cárcel fue la comodidad del Hospital Militar. Pese a que la legislación penal no permite medidas sustitutivas por delitos como los cometidos por estos militares, la Corte de Constitucionalidad hizo una excepción. Desde el año pasado les permitieron cumplir su condena con prisión domiciliaria, sin vigilancia. Tienen libre tránsito en el departamento de Guatemala, y Lucas también en Alta Verapaz. Además, la justicia no está completa. La sentencia no está firme porque aún quedan recursos legales sin resolver en los tribunales. Por eso es importante la independencia judicial para que se castiguen plenamente estos delitos de lesa humanidad y nunca más se repitan.
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