El MP está ocupado viendo cómo desbarata las elecciones. Ya no solo es la Feci de Rafael Curruchiche, ahora se suma la Fiscalía de Asuntos Electorales. Con el mismísimo secretario general de la OEA en Guatemala, los fiscales llegaron al Parque de la Industria y se llevaron los registros informáticos y también documentación impresa de la votación del 25 de junio. Poco les importa que la lupa de la comunidad internacional esté sobre el país por la manipulación que pretenden hacer, a través de la vía judicial, del proceso electoral.

Aunque juren y perjuren vía comunicados y videos en las redes que son “verdaderamente” respetuosos de la legalidad y del estado de Derecho, sus acciones les desmienten. Y aquí seguimos, esperando ver qué otra barbaridad intentarán para impedir que el binomio del partido Movimiento Semilla llegue al balotaje. Se ve que no pierden las esperanzas de que alguna de sus marufias prospere o, en todo caso, les sirva para que entre el 20 de agosto y el 14 de enero, si se concreta el triunfo de Arévalo y Herrera, no haya partido oficial y sí sendas solicitudes de retiro de antejuicio.

Pero a la par del “golpe judicial” que pretenden concretar, la criminalización en contra de operadores de justicia independientes se mantiene y avanza. El pasado viernes 4/8 se realizó -sorpresivamente de forma pública- la audiencia en la que el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, presentó sus pruebas de descargo en el proceso de antejuicio que se sigue en su contra. Recordemos que Ruano denunció a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aída Stalling, por intentar presionarlo para que le otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien estaba en prisión por el caso de corrupción IGSS-Pisa. El togado se negó y meses después presentó una denuncia penal acompañada del audio de la conversación.

Stalling fue despojada de su inmunidad y se le separó del cargo; afrontó un proceso penal que nunca llegó a juicio por la infinidad de recursos planteados por su defensa y, como no podía ser de otra manera con un MP y un sistema de justicia capturado, un juez declaró el sobreseimiento a su favor y fue reinstalada en la Suprema.

Sí, recuperó la magistratura aunque el periodo para el cual había sido electa, como pasa con el resto de magistrados, ya había vencido. Apenas reinstalada se inició el proceso de retiro de inmunidad en contra del juez Ruano a partir de una querella interpuesta por la Fundación Contra el Terrorismo ¿sorpresa? y el Pleno de la CSJ le dio trámite ¿otra sorpresa? Un claro caso en el que, de nuevo, el MP utiliza maliciosamente el Derecho Penal para castigar a operadores de justicia que, como Carlos Ruano Pineda, lo único que han hecho es ejercer su función con independencia y sin dejarse presionar.

La defensa de Ruano frente al juez pesquisidor fue impecable. Explicó con meridiana claridad la obligación de todo funcionario judicial a quien le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito, como en su caso, de denunciarlo. También hizo referencia a la resolución de la CSJ en la que se lee que la denuncia que él presentó en contra de Blanca Stalling “no se promovió por razones espurias, políticas o ilegítimas” (que es de lo que hoy se le acusa) toda vez que “las instrucciones fueron precisas por parte de la funcionaria denunciada y de dicho proceder se advierte que los hechos denunciados son suficientes y determinantes…”.

Solo estos dos elementos (aunque hay otros) son suficientes para que el juez pesquisidor establezca que no hay motivo para perseguir penalmente a Carlos Ruano y así lo haga saber a la CSJ. En pocos días sabremos si prevalece la justicia o continúa la persecución/venganza contra otro juez independiente.