J. L. Font: nuevo blanco de los ataques a la LCEP
La defensa de libre emisión del pensamiento alcanza tanto a periodistas como al derecho ciudadano de opinar.
La jueza Abelina Cruz, del juzgado de Mayor Riesgo D, se unió la semana pasada a los destructores del sistema jurídico nacional con la tácita orden de captura contra el periodista Juan Luis Font, autoexiliado para no caer en la misma situación de Jose Rubén Zamora. El ardid es igual: acusaciones falsas en juzgados distintos, para así luego absolverlo de una de ellas pero, por la otra, mantenerlo en la cárcel o en prisión domiciliaria. Los creadores son conocidos sicarios jurídicos: la jefa del Ministerio Público, Curruchiche y otros jueces y magistrados. En pocas palabras, la perseguidora seguirá su tarea durante su tiempo faltante y talvez más, si decide “sacrificarse” por la patria y seguir a la caza de quienes piensan, escriben o hablan distinto al oficialismo.
Sin duda se mantendrá la invención de los cargos, la interpretación negra de la ley contra quien habla al amparo de la libre emisión del pensamiento, apoyada en la Carta Magna y en tratados internacionales firmados por Guatemala. Esto va en un recto camino descendiente hacia la censura o autocensura si se mantienen en sus puestos los mismos, acusados y desprestigiados internacionalmente. En el caso de Juan Luis Font, estos servidores del pacto de corruptos se dirigieron a Interpol, de jurisdicción mundial, y se comprueba la total saña dirigida contra el ejercicio del periodismo independiente, fuera del Estado y de aquellos sectores ciudadanos con intereses oscuros a quienes les conviene un país con inclinación antidemocrática o abiertamente dictatorial.
Lo ocurrido con Zamora y Font es un fruto amargo de un ponzoñoso árbol sembrado durante el régimen giamateyesco, aunque algunos obcecados insistan en negarlo.
Cuando la ley se utiliza como maza contra la emisión del pensamiento, se le puede hacer daño o se le hace a los periodistas en ejercicio, ya sea informativos o columnistas. Eso ha sido así en nuestro país desde hace mucho tiempo. En los años cincuenta, un periodista de Prensa Libre preguntó al ministro de Gobernación si permitía a un reportero y un fotógrafo visitar las instalaciones de la Penitenciaría, en la 7ª avenida y 22 calle, zona 1. La respuesta no dejó lugar de dudas: “los hdep. periodistas solo pueden entrar a la cárcel en calidad de reos”. Ha pasado más de medio siglo, la penitenciaría fue demolida, pero la actitud de ese tipo permanece y sigue manifestándose alrededor de funcionarios públicos cavernarios y también de algunos sectores privados.
En un tema relacionado, Edmond Mulet —diplomático y político— también fue periodista. En su novela autobiográfica, refiere con franqueza la actuación del Ogro (con iniciales AGF), su principito y gran amigo íntimo, ambos enemigos de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento (LCEP). Es un libro con gran contenido histórico reciente y como debe ser, con puntos de vista propios de quien llegó al segundo puesto más alto de la ONU y participó sin éxito dos veces como candidato a la presidencia chapina. En dicho texto se pueden conocer con claridad acciones de monstruosidad política, mofa total de las leyes y del Estado de Derecho. Me agradó la aceptación de su responsabilidad en la derrota y las razones por qué regresó a pelear la candidatura y enfrentar a gente truquera.
No solo se defiende al ciudadano emisor o receptor de la libre emisión del pensamiento cuando se enfrenta a los esbirros al servicio de una tiranía poderosa y dispuesta a todo. Ahora ha llegado el momento de hablar claro y, para los enemigos de este derecho humano, aceptar esa enemistad. La inexistencia de los valores sociales está afectada porque la sociedad se mueve ahora desde parámetros distintos: hay valores, ciertamente, pero los antivalores reinan y son admirados por muchos. Esto dificulta la creación o adaptación a una nueva sociedad y la soledad de quienes lo intentan, cada quien en su campo. Lo ocurrido con Zamora y Font es un fruto amargo de un ponzoñoso árbol sembrado durante el régimen giamateyesco, aunque algunos obcecados insistan en negarlo.
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