Ideas
¿Impuesto a la gula o a los más pobres?
El resultado de este impuesto será un incremento en los costos de vida que afectará principalmente a los más pobres.
El encendido fervor patrio de muchos diputados de la nueva legislatura los está llevando a querer aprobar a matacoche muchas iniciativas que han estado por años durmiendo plácidamente en alguna gaveta legislativa. La más reciente es la del impuesto a los alimentos de los más pobres que eufemísticamente denominan de la “alimentación saludable”. En sus pequeños cerebros puede parecer como un impuesto a la gula, pero en la práctica es un impuesto que pesará especialmente sobre los más pobres.
Según ellos, los pobres son tan ignorantes que no saben que se matan con lo que comen, por lo que hay que imponerles que coman bien.
Varias cámaras han puesto el grito en el cielo por la resurrección de esta iniciativa, alegando principalmente sobre cuestiones del etiquetado de los alimentos y los problemas de la integración regional. Sin embargo, ese es solo el argumento políticamente correcto en este tema.
El meollo del asunto es el impuesto a los alimentos dizque “no saludables” que los politiqueros, en una muestra “by the book” de fatal arrogancia, quieren imponerle, principalmente a los más pobres, porque, según ellos, esos pobres son tan ignorantes que no saben que se están matando con lo que comen, por lo que ellos, como iluminados que son, utilizarán su poder para imponerles qué deben comer y qué no.
La premisa en que se basan es que esos alimentos son de los principales responsables del sobrepeso de las personas y que el impuesto que se les ponga desincentivará su consumo, lo que se traducirá en menor obesidad en la población. Esa es la teoría, pero en la práctica, no ha funcionado así. Esta premisa se ha implementado en muchos países, poniéndole impuestos a varios alimentos y bebidas argumentando que es por razones de salud, pero el efecto siempre ha sido el mismo: no funciona.
Unos investigadores que hicieron una revisión sistemática de 880 estudios sobre el tema concluyeron que “el argumento de salud pública para el uso de instrumentos económicos para promover cambios de comportamiento en la dieta y la actividad física puede ser menos convincente de lo que algunos de sus proponentes han afirmado”. Hay un contraste sorprendente entre los estudios teóricos, que generalmente predicen que tales impuestos “funcionan”, y estudios de datos duros en lugares donde se han implementado.
Pero lo peor de todo es que los diputados copy-paste —la iniciativa en cuestión es muy similar a lo que se ha implementado en algunos países latinoamericanos— ni siquiera han contextualizado que aquí en Guatemala la desnutrición es un problema mucho más crónico que la obesidad. ¿Acaso no el problema principal en Guatemala es que más del 50 por ciento de los niños padecen de desnutrición crónica? ¿Será que encarecer las fuentes de calorías disponibles para la población mejorará o empeorará la situación de desnutrición? ¿No se dan cuenta los impulsores de esta propuesta que la situación de la mayoría de las personas en Guatemala dista mucho todavía de enfrentar los problemas del primer mundo?
El resultado de este impuesto será un incremento en los costos de vida de todas las personas que afectará principalmente a los más pobres ya que para ellos el renglón de alimentos ocupa un porcentaje mayor de sus ingresos. No se pierda en las ramas, si le van a poner un 35 por ciento de impuesto a algunos alimentos y bebidas, ¿cree que eso no incrementará su precio?
Por último, aunque no menos importante, el gobierno no debe inmiscuirse en las decisiones de las personas sobre lo que deben comer o no comer. Esa pretensión autoritaria, disfrazada de “preocupación por la salud”, no es más que una pantalla para la fatal arrogancia de los iluminados. No debemos permitir que los políticos, los burócratas y los tecnócratas se arroguen la autoridad de tomar nuestras propias decisiones, porque ellos creen que saben mejor que nosotros mismos lo que más nos conviene.
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