El allanamiento que personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desarrolló en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante 18 horas continuas es la acción más reciente de la estrategia golpista que tiene como brazo ejecutor al Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche.

Con lujo de fuerza y con la prepotencia de quienes se sienten impunes, agentes del MP, acuerpados en una nueva resolución de Fredy Orellana —uno de los jueces predilectos del Pacto de Corruptos, quien accede a todas las peticiones que se le plantean aunque sean abiertamente ilegales— se llevaron las papeletas en las que consta la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Y en esa acción está justamente la clave de lo que vendrá después. Los allanamientos y el secuestro de las actas en el Parque de la Industria y de las boletas en la sede del TSE servirán para terminar de armar el caso espurio con el que pretenden traerse abajo el proceso electoral y evitar la toma de posesión del binomio electo del partido Movimiento Semilla. En eso están y en eso se traducen las cínicas declaraciones del jefe de la Feci que calificó de “rescate de la democracia” el accionar del MP, cuando en realidad lo que busca es enterrarla.

Nada de legal ni de jurídico hay en los procedimientos de Porras Argueta y sus huestes y mucho menos en las intenciones que los inspiran. Estamos frente a un golpe de Estado en marcha disfrazado de “investigación penal” que tiene en la captura y cooptación del Poder Judicial y de las altas cortes las armas para hacerlo efectivo. No en balde han destruido la separación de poderes y han mantenido ilegalmente por más de cuatro años al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene en su cancha “resolver” este asalto a la democracia.

Por supuesto y como ya se ha vuelto costumbre en los casos fabricados por la Fiscalía, el expediente está bajo reserva y cualquier información u opinión al respecto la quieren encuadrar en un acto de desobediencia o de obstrucción a la justicia. La estrategia es la misma que aplican en los procesos de criminalización, porque les permite rodear de silencio y opacidad sus acciones mafiosas y que las redes de desinformación a su servicio, incluidas las milicias digitales de los netcenters, condicionen a la opinión pública.

Resulta inaudito que mientras cuentas anónimas revelan detalles de los expedientes, adelantan resoluciones judiciales y anuncian los próximos pasos que el MP va a dar, se ataque y se pretenda llevar ante los tribunales a periodistas y funcionarios de entidades públicas que solo están cumpliendo con el derecho que tiene la población a estar informada. La narrativa criminalizadora de Rafael Curruchiche acusando a los medios de ser parte del “boicot” y de “enfrentar al MP con el pueblo de Guatemala” (La Hora, 29/9/23) forma parte del libreto autoritario que vienen aplicando y que pretenden consolidar, para lo cual ven imprescindible sabotear la toma de posesión del 14 de enero.

Pero les tenemos malas noticias a las y los golpistas. Mientras escribo esta columna miles de compatriotas nos movilizamos en la capital, los departamentos y frente a las embajadas de Guatemala en varios países en defensa de la democracia y de la voluntad ciudadana expresada a través del voto. Rechazamos el golpe que pretenden concretar que no solamente violentaría el principio constitucional de alternancia en el poder, sino consolidaría el régimen autoritario a través del cual buscan anular cualquier posibilidad de cambio.

La salida de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana, actores corruptos consagrados nacional e internacionalmente, es un paso imprescindible en esta lucha colectiva por recuperar nuestra moribunda democracia. ¡Fuera golpistas!