El Estor es hoy una población ocupada y en la cual se violan flagrantemente los derechos humanos para defender los intereses de una mina que únicamente ha dejado muerte y destrucción. ¿No está el Estado de Guatemala para proteger a la persona y a la familia, así como garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, como rezan los artículos 1 y 2 de la Constitución? El presidente Alejandro Giammattei ha dado muestras de que esas garantías constitucionales le valen un pepino porque se ha erigido en un déspota contra la población indefensa y un servil con los poderosos. En El Estor, centenares de policías y soldados protegen una mina que opera ilegalmente desde el año pasado. Léase bien, opera ilegalmente. Ahora, con el estado de Sitio no solo está prohibida toda forma de manifestación, sino que las fuerzas de seguridad allanan viviendas de líderes comunitarios y periodistas, además de perseguirlos. Muy democrático el presidente.

El 19 de junio del 2020, la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de la explotación de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN, S.A.), de capital suizo, ruso y canadiense, hasta que se realice una consulta popular. La base de tal fallo fue porque, según el alto tribunal, “se violaron los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente”. La CC señaló que el estudio de impacto ambiental de la mina fue realizado sobre una superficie de 6.29 km cuadrados, pero el Ministerio de Energía autorizó la explotación en más de 247.9 km cuadrados. Por eso, en la resolución se ordenó que este ministerio delimitara la operación solo en 6.29 km. Entonces, como se podrá ver, existe un contubernio entre las autoridades gubernamentales y la minera para operar al margen de la ley. Por ello, la resistencia del pueblo q’eqchi’ a la mina es legítima.

La razón detrás del desproporcionado despliegue policial y militar es porque existen negocios oscuros bajo la mesa. ¿Cómo entender que Giammattei proteja a una mina que opera ilegalmente y que utilice a las fuerzas de seguridad para reprimir a una población a la cual le asiste la razón? Soborno y sobornos es la cruda realidad que se esconde detrás de esta acción criminal del Gobierno. Además de operar ilegalmente, la mina está matando al Lago de Izabal y afecta en forma directa la pesca, de la cual subsiste buena parte de la población de El Estor. La minera utiliza mucha agua para el procesamiento del metal y todos los desechos van a dar al Lago de Izabal. Los pescadores informan que el agua ha dejado de ser clara y observan capas espesas de contaminación que proceden de la mina. La CGN extrae millones de dólares de la explotación minera y solo entrega migajas y destrucción. ¿Vale la pena esto para el desarrollo del país?

La minería ha dejado una larga secuela de muerte en el país. En 1971 fue asesinado el diputado Fito Mijangos por oponerse a las operaciones mineras. Ese fue el primer crimen que estuvo relacionado con las operaciones de estas actividades extractivas. En el 2012, tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala también fueron asesinados cuando efectuaban un monitoreo bioambiental para medir el impacto de la mina de CGN en el ecosistema. En el 2017, el pescador Carlos Maaz Coc fue ultimado por un agente policial cuando participaba en una actividad contra las operaciones mineras. Hoy, de nuevo vemos cómo las fuerzas de seguridad no están para defender a la ciudadanía, sino que acuden en forma vergonzosa a cuidar la mina. Las escenas de decenas de policías y soldados que custodian los camiones de la minera dicen mucho de cómo el gobierno de Giammattei está vendido a los intereses de la actividad extractiva.