Tocar el tema de las elecciones de la Corte de Constitucionalidad es incómodo, con toques de “chish”, debido al entorno zoopolítico en el que vivimos, en el cual se desarrollan las elecciones de los magistrados de las más altas cortes de nuestro sistema de justicia. Cada día, los garabatos en la bitácora de los estrategas que están detrás manejando el tablero se vuelven acciones que cambian la posición de las piezas.

Las elecciones en el Colegio de Abogados se han convertido en un circo. A los que van a la cabeza les caen órdenes de captura para defenestrarlos de las tablas de puntuación adelantadas. Uno de ellos anda huyendo, otro está recluido en un sanatorio debido a quebrantos de salud… Podrán tener sus pecados, pero el hecho de que surjan justo cuando van a la cabeza, o han ganado, no deja la menor duda de que se mueven huellas de animal grande que busca colocar a sus propios alfiles. Ergo, el sistema legal vigente para elegir magistrados, con todas sus falencias, no se está respetando, lo cual es un verdadero galimatías.

Me quedo con la segunda acepción del significado de “galimatías” descrito en el diccionario de la Real Academia: “confusión, desorden, lío”, para describir la pugna en modo de alta presión que los poderes fácticos están llevando a cabo para controlar la Corte de Constitucionalidad “a su manera”.

La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad plantea una vez más la urgencia de subsanar las causas de fondo, o de lo contrario este circo continuará ad nauseam y lord Acton seguirá moviendo el cartel que anuncia los poderes que corrompen absolutamente.

Repito lo que escribí en mi última columna sobre la Corte de Constitucionalidad: “Duele que todo este circo por la elección de la nueva corte tenga un valor político tangible tan alto debido a la vorágine de intereses fácticos que engendra su poderío jurídico.

Desde su fundación, no he sido el único en repetir hasta la saciedad que para que una corte de constitucionalidad con este calibre de poderío funcione bien, se hace absolutamente necesario ampliar el horizonte de los períodos de los magistrados a un mínimo de 15 años, para atraer a todos aquellos juristas eminentes de comprobada idoneidad, experiencia y conocimiento para coronar su carrera entregando lo mejor de sí en aras de servir a la patria”.

Pero esto no es posible si no se cambia el artículo 270 de la Constitución de la República, el cual tiene una barra muy baja: “Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar los siguientes requisitos: a) ser guatemalteco de origen, b) ser abogado colegiado, c) ser de reconocida honorabilidad y d) tener por lo menos 15 años de graduación profesional.

La honorabilidad no se puede calificar por medio de campañas mediáticas. Los señalamientos, si tienen fundamento, deben sustentarse y comprobarse ante un tribunal competente. La presunción de inocencia es un derecho.

En el momento en que se le da a un presidente de la República el derecho de elegir a “su candidato”, al Congreso a “su candidato” y a la Corte Suprema de Justicia a “su candidato”, la nominación se vuelve política y, en consecuencia, sujeta a variables políticas. Agréguese a esto los candidatos del Consejo de la Usac, donde votan hasta estudiantes, y el candidato por el Colegio de Abogados, donde se mueven tantos intereses, y el resultado seguirá siendo un galimatías absoluto.

Si queremos mejores magistrados, hay que elevar la barra de calificación de tal manera que solo unos cuantos eruditos de larga trayectoria califiquen; de lo contrario, seguiremos obteniendo los mismos resultados.