En defensa de la democracia y en rechazo a la intención manifiesta de impedir que el 14 de enero tome posesión el binomio del partido Movimiento Semilla, una mayoría de guatemaltecos, bajo el liderazgo de las autoridades indígenas, está movilizada y en resistencia.

Estas masivas manifestaciones que hoy cumplen nueve días responden a las acciones de un grupo de golpistas que quiere evitar a toda costa que se concrete la voluntad popular expresada en las urnas y que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la presidencia y vicepresidencia del país, como lo manda la Constitución y como decidió la ciudadanía el 20 de agosto.

Para llegar hasta aquí corrió mucha agua debajo del puente. Se agotaron todas las vías posibles para detener el golpe judicial que el Pacto de Corruptos y su principal instrumento, el MP de María Consuelo Porras Argueta, impulsan y han venido intensificando desde el día siguiente del balotaje.

Todos los recursos legales interpuestos ante las altas cortes fueron ignorados o rechazados, al igual que los sendos llamados que desde diversos sectores se hicieron a través de pronunciamientos y peticiones públicas, incluidas las del propio Tribunal Supremo Electoral. También se ignoraron las protestas en las plazas que de forma continuada se realizaron en la capital y en los departamentos durante los fines de semana. La respuesta, una y otra vez, fue el portazo en la cara. No solo no cejaron en su plan golpista, sino que escalaron la intensidad de sus acciones.

La última, para refrescar la memoria de quienes hoy se rasgan las vestiduras y cuestionan la masividad de la protesta ciudadana, sus métodos y el respaldo al Paro Nacional Indefinido, fue el secuestro de las boletas con los resultados electorales que, con lujo de fuerza y prepotencia, llevó adelante un grupo de fiscales que prácticamente atropelló a los magistrados del TSE que pedían resguardar la integridad del proceso y llevarse copias certificadas y no las papeletas originales. Sin olvidar, por supuesto, el allanamiento al Parque de la Industria con el que quieren justificar el procesamiento penal de las y los integrantes de las juntas receptoras de votos y las solicitudes de antejuicio contra el pleno de la autoridad electoral que, a decir de los golpistas, habrían cometido un “fraude masivo”.

Lo que se está exigiendo es la renuncia de Porras Argueta, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana, tres fiscales y un juez que están retorciendo la ley y malutilizando el poder punitivo del Estado para desconocer los resultados de la elección presidencial e imponer a un presidente afín al Pacto que garantice la continuidad de este régimen autoritario y corrupto y termine de enterrar nuestra moribunda democracia.

Estos oscuros y deleznables personajes —que por supuesto no actúan solos— son la punta de lanza de las mafias que se niegan a entregar el poder que representa el Ejecutivo. Aferrados al cargo porque saben lo que significa su salida, están presionando para ahogar con violencia y represión a quienes legítimamente están en resistencia.

Como quedó claro en el patético video de la Fiscal General publicado ayer, ya echaron a andar la maquinaria del MP para criminalizar las protestas y están intentando cambiar el eje de la discusión pública a partir de tres elementos: a) avivar los miedos, el racismo y el rechazo a la manifestación, manipulando la legitimidad de las acciones de hecho; b) infiltrar/vandalizar las protestas; c) cambiar la narrativa y acusar a Arévalo y a Semilla de organizarlas para “evitar” que se les investigue.

Su cinismo y abuso del poder sobrepasó los límites, señora Porras. Los únicos que están violentando la Constitución y la ley son ustedes los golpistas. Su permanencia como fiscal general es incompatible con la democracia. Renuncie ya.