Frente a los retos 2025, Guatemala debe avanzar con decisión
Sin visión, liderazgo y acción, el país seguirá hipotecando su futuro generación tras generación.
Guatemala tiene gran potencial, pero es determinante una gestión pública eficiente y efectiva para su desarrollo. Hace un año para muchos había un ambiente de esperanza y una especie de ilusión de que con el nuevo gobierno se iba lograr en realidad un cambio, especialmente en el combate contra la corrupción. Sin embargo, poco se ha avanzado.
Para un equipo nuevo e inexperto ya fue suficiente un año para trazar un rumbo, establecer prioridades y concretar proyectos. Aunque la economía permaneció estable, no hay claridad con el modelo económico ni de atracción de inversiones para un crecimiento económico sostenido. Con una inflación menor del 5 %, aumentar el salario mínimo en 10 % y 6 % —sin bases técnicas— fue un gran error, ya que varios de los trabajadores formales pasarán a la informalidad. El Ministerio de Comunicaciones está en plena crisis y, sin infraestructura ni buen funcionamiento de los puertos y aeropuertos, difícilmente se podrá contar con más comercio.
El Ministerio de Salud no logra estabilidad y un plan concreto que haga funcionar el sistema, ni existe una estrategia determinante para erradicar la desnutrición crónica. En el caso de educación, aunque hay esfuerzos de que el Ministerio de Educación retome la rectoría, se mantiene una tensión en espera de los resultados del pacto colectivo. Es positivo que los servicios de apoyo como el remozamiento de escuelas y la refección escolar regresen a ser administrados por los padres de familia. Sin embargo, ambos ministerios requieren de una modernización profunda para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos. En seguridad, se evidenció el trabajo del equipo encargado del combate al delito, destacando la reducción de la tasa de homicidios, que pasó de 16.7 por cada cien mil habitantes en 2023 a 16.1 en 2024.
El país exige un rumbo claro para el cambio.
Mientras tanto, el Legislativo aprobó 36 decretos, muchos sin responder a una visión conjunta de transformación del Estado, sin evaluaciones técnicas, financieras ni legales. Indignante la aprobación de una serie de proyectos “individuales”, bolsones de grandes recursos, subsidios y más burocracia como solía ser en el pasado —avalado por el Ejecutivo y el Movimiento Semilla—, cuando antes era altamente criticado. Se cuenta con el presupuesto más alto de la historia del país, de Q148 mil 526 millones, que traerá pocos beneficios a los ciudadanos. El presupuesto se ha convertido en una repartición de recursos para pocos, endeudando a futuras generaciones por gastos de funcionamiento del gobierno y proyectos que no son socialmente rentables.
Los pactos colectivos tienen ahogadas a las instituciones del Estado con aumentos salariales y bonos que no incentivan al buen gobierno ni la meritocracia. A la par, la ley de contrataciones obstaculiza la ejecución y no hay aún una propuesta seria. Los sistemas no funcionan y la transformación digital va muy lenta.
El 2025 debe marcar el cambio para Guatemala. La Corte Suprema debe avanzar con decisión en la transformación digital para agilizar la justicia. El Congreso tiene que ser cuidadoso con los decretos que aprueba, evitando reformas sin visión integral que dificulten el desarrollo. Urge implementar un sistema de rendición de cuentas para las obras públicas y darles seguimiento.
El Ejecutivo debe trazar un rumbo concreto, apoyarse en expertos y modernizar la gestión pública. El presidente, con liderazgo y coraje, debe convocar a todas las instituciones para iniciar los cambios. La transformación digital debe ser el eje central para modernizar y mejorar los servicios. Es fundamental fortalecer tanto las alianzas locales como las internacionales, especialmente con países como Estados Unidos, promoviendo acuerdos que generen empleo, impulsen el comercio y aborden la pobreza de manera efectiva. “Sin un rumbo claro, ningún viento es favorable”.
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