Registro akásico
Forjar una tradición humanitaria
El derecho a solicitar refugio moviliza conciencias y apoyos concretos.
Un país generoso ofrece a los perseguidos protección. El asilo es real, si la sociedad receptora observa garantías legales para todo habitante. Ese amparo permite calificar al país como seguro.
Todo ciudadano centroamericano tiene total derecho a ingresar y fijar su residencia en el país.
Se ha producido una situación nueva, pues el reconocido como refugiado puede desear viajar a otro país. En ese caso, se tiene que sujetar a los procedimientos ordinarios de visado migratorio porque ya consiguió alejarse de los peligros que lo asechaban. Este razonamiento ha sido recogido en el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. En palabras groseras, si un perseguido consiguió salvar su vida al salir al extranjero, debe unirse a la fila y gestionar la visa correspondiente, para ir a otro destino.
No obstante, una realidad se impone: muchos refugiados desean establecerse en los EUA y en su determinación han generado un forzamiento de los procedimientos migratorios o incluso su desconocimiento con migración indocumentada. Las autoridades de inmigración norteamericanas tienen que resolver en sus puertos de entrada, sobre todo en su frontera con México, sobre cuantiosas peticiones de refugio. Ante el crecido número de solicitantes desearían procesarlas, sin la presión de la masividad.
Para el efecto, se han intentado dos acciones: 1. Recomendar la estancia en el país seguro al que arribaron en primer lugar, o donde se les retiene. Y, ante su ineficacia, 2. Buscar humanizar el viaje. El primer intento se llamó Acuerdo de cooperación de asilo del triángulo norte, en la actualidad ha perdido vigencia y fue firmado como coordinación entre el ministro de Gobernación Enrique Degenhart y el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. Kevin McAleenan. El segundo, Programa de movilidad segura, busca humanizar el viaje ante la imposibilidad de aceptar permanecer en un país seguro donde cesó la pretendida persecución. Este fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores Mario Búcaro y por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Además se integran en sendos acuerdos Colombia, Costa Rica y Ecuador. Se busca evitar la jornada riesgosa y la consiguiente aglomeración en los puestos migratorios de la frontera mencionada.
Inicialmente, el gobierno de Biden no insistió en la necesidad de permanecer en el país seguro, donde se arriba en primer lugar o donde se le retiene por autoridades de migración. Pero dada la masividad del proceso, se han retractado. Lo bizarro fue cambiar el significado de país seguro.
Así, la propaganda contra Trump la convirtió en mala palabra. El ministro Carlos Ramiro Martínez Alvarado, de Relaciones Exteriores, estaba desconcertado con preguntas de mala fe que escondían la insidia contra el ingreso de nicaragüenses a nuestro país, como si no tuvieran ese derecho por el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA-4. Reiteradamente, comunicadores nacionales y extranjeros, en reciente conferencia de prensa, buscaban desacreditar el concepto de país seguro. Agencias de noticias animan a rechazar esa calificación, como si fuera un baldón.
Los ciudadanos de buena fe saben que los centroamericanos son nuestros hermanos, que existe un proyecto de integración del istmo y, por lo tanto, no debe darse explicaciones si los centroamericanos ingresan al país. Si deciden fijar su residencia entre nosotros, se les invita a realizar el trámite correspondiente. Pero muchos agazapados esparcen su veneno. Dicen oponerse al trumpismo a Le Pen, pero son iguales: odian la solidaridad. En contra: ¡que orgullo ser un país seguro, para que los perseguidos encuentren asilo y apoyo en nuestra tierra!
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