Registro akásico
Fiasco en ampliación presupuestal
Falta de preparación técnica de oficialistas en las serias decisiones legislativas.
Varias instituciones de consultoría con expertos economistas de diversa adscripción teórica recomendaron el año pasado no aprobar el presupuesto del 2024. Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), lo rotuló como un proyecto con falta de transparencia. Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), recomendó no aceptarlo, porque obligaría a reajustes. Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (Icefi), objetó la previsión presupuestaria de colocar bonos y solicitar préstamos. El antiguo director de este instituto, Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig, nominado para ministro de Finanzas Públicas, afirmó preferir el reducido presupuesto del 2023, porque ya no habría corrupción. Se aceptó un presupuesto sin aumento para el nuevo gobierno del presidente Arévalo de León.
Críticas de arrogancia a partidarios oficialistas comprobadas con las pifias en los asuntos públicos.
A mitad de año, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, en sus debates, señaló, ante la falta de ejecución del presupuesto, que no amerita ampliación. No obstante, el ministro Menkos manifiesta la necesidad no solo del reajuste, sino contrata préstamos. El año pasado no se deseaba un presupuesto incrementado; seis meses después, es un imperativo. Finalmente, la comisión congresal no otorga dictamen favorable.
Sorpresivamente, en medio de una interpelación, el Congreso vota a favor de la ampliación presupuestaria. Con Francisco Jiménez Irungaray, ministro de Gobernación, sentado en el hemiciclo, se discute una ley. El artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo permite, cuando una interpelación dura más de dos sesiones, programar una sesión en cualquier otro día de la semana, para tratar otros asuntos. Así pues, bastaba con aprobar nueva cita de los representantes con cualquier tema para irrumpir con la urgencia nacional.
El capricho permite a Ricardo Méndez Ruiz interponer un amparo reivindicando la falta de dictamen favorable de la comisión pertinente, pues acusa de destino discriminatorio sin justificación a las nuevas erogaciones. Aparte, los diputados de Vamos y la exministra, hoy diputada, Sandra Jovel, ambos del pasado gobierno, interponen sendos amparos, alegando faltar al orden regulado en dicha legislación orgánica. A tres meses de aprobar el nuevo presupuesto, un pleito constitucional. ¿Cuándo se resolverán esos reclamos?
Por aparte, el Icefi se suma a la crítica de falta de transparencia, pues el destino hacia los consejos departamentales de desarrollo no se justifica: 1. No hubo estudio previo para asignación diferencial, y 2. no han ejecutado fondos públicos en este año, apenas 16% de lo aprobado. En la misma posición se encuentra Asíes y el mencionado Cien. Además, se resalta la permisiva autorización de no usar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
En fin, el arrebato, la precipitación y la superficialidad en la crítica cuando no se tienen responsabilidades ha generado improvisación, errores administrativos y pérdida de legitimidad en la función gubernamental. No se niegan consejos de teoría financiera: toda disponibilidad debe gastarse en tal oportunidad. La administración pública no está encargada a reyes, déspotas o tiranos, sino a funcionarios bajo operación de mandatos legales. Podrá ser engorrosa la gerencia de gobierno, pero sirve para controlar la corrupción y permitir la revisión pública. Una estancia frente al mar en Punta Cana, República Dominicana, es útil para serenar al gobierno en funciones. A la ciudadanía le conviene pericia, sin atajos para burlar la ley, ni prepotencia sin escuchar consejos.
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