Cada inicio de año esperamos y deseamos con optimismo cosas buenas para nosotros, nuestras familias, nuestra comunidad y nuestro país. Nuestros buenos deseos se transmiten a los demás en cada saludo, al menos así pasa durante los primeros 10 días del año; luego, vamos cayendo poco a poco en la inercia de la cotidianeidad, en la dinámica de la coyuntura inmediata; la realidad tiende a arrastrarnos algo lejos de los buenos propósitos que nos hicimos con la bienvenida del nuevo año.

En nuestro caso, en particular, este inicio de año 2024 es también el momento del cambio de gobierno. Tal vez el cambio más anhelado en la historia democrática del país, dada las terribles y degradantes situaciones acumuladas que estamos viviendo hace ya demasiado tiempo y que cada vez más nos alejan del bienestar, de la justicia, del estado de Derecho y de las oportunidades económicas legítimas para todos.

No obstante, el cambio de autoridades tampoco es una varita mágica. Contamos los días para que ocurra, pero por sí mismo no garantiza nada. Las amenazas a la democracia no cesarán el 14 de enero. Las estructuras institucionales están demasiado penetradas, no solo por la narcocleptocracia, sino por prácticas y dinámicas institucionales históricas que no será fácil remover; por instrumentos, normas y convenios que sostienen el statu quo y que modificarlas requiere, ojalá, el acuerdo y la voluntad compartida entre ciudadanos y burocracias que se ponen de acuerdo para lograr un mejor país, una sociedad con más bienestar. La situación en que se encuentran todas las dependencias del Organismo Ejecutivo es tan desafiante que solo ponerlas a funcionar a favor del cumplimiento de su mandato constitucional y del bienestar de la población será una tarea titánica, donde los resultados, en términos de bienestar directo a la población, no se verán de manera rápida. Hay demasiadas disfuncionalidades, demasiadas trampas y muchos actores internos en las instituciones que intentarán desviar las energías y el rumbo del esfuerzo en cualquier otra dirección, y que con ello se prestan a intereses claramente establecidos de que el nuevo gobierno ni siquiera se ponga en marcha, no digamos, logre conducir el Estado para que este sirva a toda la población.

Ese es el tamaño del desafío que se avecina. La ciudadanía tiene que entender bien la situación, administrar sus expectativas y perseverar en la convicción que la motivó a votar por un cambio de rumbo para el país. No hay varitas mágicas para construir una sociedad digna e incluyente y un Estado al servicio del desarrollo de la población. Menos cuando desde los otros órganos del Estado se conspira contra ello. Eso, desafortunadamente, no terminará el 14 a las 14 horas.

¿Nos daremos realmente la oportunidad de iniciar una etapa más constructiva para el país a partir del 2024? Esta no es una pregunta que dirijo al gobierno entrante; más bien, a las fuerzas económicas, sociales y políticas del país que aún logran reconocer la importancia de que Guatemala no siga avanzando hacia convertirse definitivamente en un narcocleptoestado; en una sociedad sin libertades ni derechos humanos ni estado de Derecho.

Más de 30 mil lugares poblados que tiene el país necesitan urgentemente que se trace un rumbo diferente. Esto implica lograr que la economía crezca, pero que todos nos beneficiemos más de ese crecimiento; que se desarrollen los servicios públicos de calidad; que cese la depredación del Estado; que la gente tenga opciones. Que podamos resolver los conflictos de manera civilizada, no violenta; que generemos acuerdos políticos, sociales y económicos que permitan la coexistencia, en límites definidos por el estado de Derecho y el propósito mayor que es el bien común.