Al derrocar la Primavera Democrática (1944-54) que quiso llevar a Guatemala a la modernidad y al capitalismo en beneficio de todos floreció la corrupción y se exacerbó la desigualdad, condición que indujo el movimiento 13 de noviembre de 1960, con el que empezó la guerra interna que duró 36 años.

Los grupos de poder que gestaron aquel colapso se consolidaron y son responsables del deterioro institucional a lo largo de los casi 70 años transcurridos. Inicialmente fueron militares quienes ocasionalmente “permitieron” civiles en la presidencia. Su plan de relevo en el poder colapsó en el último intento, con el fraude electoral avalado por el gobierno de Fernando Lucas García para imponer al general Aníbal Guevara. La burda maniobra con cortes de energía eléctrica para manipular papeletas y conteo de votos hizo que oficiales del Ejército se revelaran y defenestraran al déspota el 23 de marzo de 1982, con los resultados conocidos.

En 1985 tuvimos nueva Constitución Política y, entre otros, fueron creados la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Se convocó a elecciones libres que dieron paso a la llamada era democrática con la llegada a la presidencia del primer civil y la consigna tácita de no más generales… lo que no impidió que, tras bambalinas, mantuvieran el poder. La nueva era permitió el reacomodo de fuerzas e intereses. Apareció el narcotráfico y proliferaron partidos políticos sin ideología, pues los gobiernos militares habían acabado con los líderes y buena parte de la intelectualidad y reserva moral del país.

Como consecuencia y en silencio, la población tomó conciencia ciudadana y se organizó en defensa de sus derechos civiles, tenencia de la tierra, oposición a la explotación arbitraria de los recursos naturales y otros derechos que fortalecieron los valores cívicos que hoy permitieron, a una sensible mayoría, defender el voto durante el actual proceso electoral.
En el ámbito personal, pertenecer al privilegiado 1.25% de la población con estudios superiores me permitió ser electo presidente del Colegio de Arquitectos para el período 2020-22 y, en consecuencia, ser parte de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Cuerpo integrado por los 14 colegios existentes que a su vez acogen a los cerca de 250 mil profesionales de más de 700 carreras universitarias, egresados de 16 universidades.

Ese pequeño universo de presidentes muta a lo largo de los dos años de gestión. Sin embargo, su homogeneidad en formación y valores fue una constante, por lo que fue fácil y satisfactorio convivir y desarrollar con plena conciencia los fines de la Asamblea, como son la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio, de conformidad con las normas de la correspondiente ley.

Por eso, ante la crisis política provocada por el llamado Pacto de Corruptos, que tiene a su servicio los tres poderes del Estado y sus instituciones, algunos expresidentes decidimos reencontrarnos y hacer valer lo que nos parece importante desde el punto de vista legal, ético y ciudadano: presentar una Acción Constitucional de Amparo contra la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, con el propósito de que, mientras el proceso electoral esté abierto, ambas autoridades se abstengan de realizar actos o emitir resoluciones que pongan en riesgo la culminación del proceso electoral.

Nuestro propósito es coadyuvar a mantener la paz y armonía social; no interferir en las funciones de cada uno de los organismos del Estado.