a contraluz
Estocada al saneamiento del agua
El 95 por ciento de los ríos y lagos de Guatemala están contaminados con heces fecales y desechos de todo tipo.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) le han propinado un duro golpe a los esfuerzos por el rescate de los ríos y lagos del país que se encuentran en una situación lamentable. El amparo provisional que esa corte otorgó al alcalde Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), exime a los jefes ediles de presentar el estudio de diagnóstico para la construcción de plantas de tratamiento de aguas, lo que en términos prácticos significa que les importa un bledo el desastre ambiental en que vivimos. Si los magistrados de la CC respondieran a la preeminencia de la Constitución no podrían pasar por alto lo que esta señala en su artículo 97: “El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico”. Por supuesto, eso es mucho pedirles.
En manos de los magistrados de la CC está el futuro del suministro y calidad del agua que consumimos en el país.
El Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos no es reciente, ya que fue emitido por el gobierno de Óscar Berger, en el 2006. Desde entonces se han otorgado prórrogas sobre prórrogas para no cumplirlo. Han pasado 17 años en los cuales ningún gobierno o administración de la Anam le ha dado la seriedad que requiere el rescate de los cuerpos de agua que están altamente contaminados. Basta ver el pantano maloliente en que se ha convertido el lago de Amatitlán, que recibe los desechos del área metropolitana, o el desastre que acompaña al río Motagua, cuyas aguas se han vuelto tóxicas, para entender que ese es el camino que le espera a todos los recursos naturales del país. Suena bonita la retórica del rescate ambiental, pero cuando eso le toca a los alcaldes, en particular al presidente de la Anam, se hacen a un lado y ponen trabas para evadir sus responsabilidades.
Por las incongruencias de la CC y la Anam se pone en grave riesgo la salud de la mayoría de la población, que seguirá ingiriendo agua insalubre. La Alianza Cuenca del Motagua, una iniciativa integrada por sectores públicos y privados, señala que solamente se alcanza a tratar el 5 por ciento de los 1.5 millones de metros cúbicos de aguas residuales, mientras que el 95 por ciento restante se vuelca en los cuerpos acuíferos, valga decir ríos y lagos, lo que implica la descarga de heces fecales, desechos en descomposición, fertilizantes, pesticidas, sustancias químicas y desechos peligrosos. Según esta entidad, el presidente de la Anam no tiene argumentos sólidos y defendibles para haber promovido la inconstitucionalidad del reglamento porque en esta primera etapa solo se pedían los estudios técnicos para luego proyectar las inversiones que se necesitan para la implementación de las plantas de tratamiento de agua.
No todos los jefes ediles tienen la actitud del alcalde Siero. Según Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, el 75 por ciento de las comunas cumplió y envió el estudio de diagnóstico de agua de su respectiva jurisdicción. Eso significa que unas 250 municipalidades, de un total de 340, sí están conscientes de la necesidad de impulsar plantas de tratamiento de agua. El problema es que el amparo provisional de la CC solo sirve para los intereses de Siero y constituye una burla para las municipalidades que sí cumplieron con sus estudios técnicos. Esta situación es lamentable porque varias comunas tienen fondos para construir salones de usos múltiples para organizar fiestas o patrocinan equipos de futbol, pero aseguran que no tienen fondos para lo que es fundamental: el saneamiento del agua y la salud de sus vecinos. Por eso es importante dejar claro que en manos de los magistrados de la CC está el futuro del suministro y calidad del agua que consumimos en el país.
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