Construyendo ideas
Estado de derecho y propiedad privada: el cimiento de un país estable
Las invasiones a propiedad privada, además de vulnerar derechos fundamentales, envían un mensaje de inseguridad a potenciales inversionistas extranjeros.
La protección de la propiedad privada y el fortalecimiento del estado de derecho son pilares esenciales para el desarrollo de cualquier nación. En Guatemala, estos principios adquieren especial relevancia frente a desafíos que frenan el crecimiento y la inversión, como la invasión de tierras y la falta de garantías jurídicas. Los líderes de opinión, empresarios y agencias de cooperación juegan un papel crucial en la defensa de estos valores, no solo como garantes de la estabilidad económica, sino también como promotores de un entorno que proteja los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos.
Las invasiones a propiedad privada, además de vulnerar derechos fundamentales, envían un mensaje de inseguridad a potenciales inversionistas extranjeros.
La situación actual en Guatemala refleja una realidad preocupante. De acuerdo con el International Property Rights Index 2022, “las invasiones de tierras se han convertido en un delito común. En los últimos 5 años, se han reportado 14,840 invasiones de tierras a nivel nacional. En promedio, solo se resuelve el 28% de los casos de violación al derecho a la propiedad”.
Este informe coloca a Guatemala en la posición 103 de 129 países evaluados con un punteo de 4/10. Lo cual revela un deterioro respecto del 2021, ya que Guatemala estaba en la posición 95.
Las invasiones a propiedad privada, además de vulnerar derechos fundamentales, envían un mensaje de inseguridad a potenciales inversionistas extranjeros. Como resultado, Guatemala ha experimentado una disminución en la inversión extranjera directa, la cual pasó de representar el 1.8% del PIB en 2018 a un 1.2% en el 2022. La falta de respeto a la propiedad privada y la incertidumbre jurídica han limitado el desarrollo de sectores clave como la agricultura y el turismo.
El cumplimiento del estado de derecho es indispensable para cambiar esta situación. Según datos de la ONU, países que han fortalecido sus sistemas legales y han implementado políticas firmes en defensa de la propiedad privada, como Chile y Costa Rica, han logrado no solo atraer mayores niveles de inversión, sino también construir sociedades más prósperas. Chile, por ejemplo, ha visto crecer su economía en un 4.2% anual en promedio desde la implementación de reformas pro-estabilidad en los años 90. Costa Rica, por su parte, incrementó su inversión extranjera directa en un 5.7% anual desde el 2010, adoptando políticas enfocadas en la seguridad jurídica y el respeto a la legalidad. De hecho, en el 2023 la IED creció un 16% respecto del año anterior.
En Guatemala, avanzar hacia un modelo similar requiere el compromiso de todos los sectores. Es necesario establecer un marco de protección legal que brinde garantías a los propietarios y a quienes desean invertir en el país.
Las instituciones públicas tienen una enorme responsabilidad. No solo en reforzar las leyes y garantizar su cumplimiento, sino sobre todo en empujar la efectividad para resolver casos. El Ministerio Público debe investigar y deducir responsabilidades.
Al mismo tiempo, tanto el sector privado como los líderes de opinión pueden fortalecer el estado de derecho y el respeto a la propiedad al promover prácticas empresariales éticas, apoyar reformas legales, invertir en educación sobre derechos de propiedad, colaborar con el gobierno y la sociedad civil en temas de gobernanza, y desarrollar proyectos de responsabilidad social corporativa. Estas acciones no solo refuerzan la legalidad en el país, sino que también crean un entorno más seguro y confiable para la inversión y el desarrollo económico.
El camino hacia un mejor clima de inversión y desarrollo en Guatemala pasa por defender la propiedad privada, honrar la legalidad y trabajar juntos para construir una nación segura y justa. Existe una fuerte correlación del respeto a la propiedad privada con la certeza jurídica de todos los ciudadanos. Esto repercute en la capacidad de atraer inversión —local y extranjera— y para promover el desarrollo.
Los ejemplos internacionales demuestran que el respeto a estos valores es el primer paso hacia un futuro de prosperidad y estabilidad. Guatemala puede y debe aspirar a este ideal, donde el respeto a los derechos sea el cimiento de un progreso duradero.
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