Conciencia
Es hora de poner límite a los pactos colectivos
Las negociaciones con los sindicatos del sector público han convertido la tecnocracia en una burocracia estatal pesada y costosa.
Recientemente en el aniversario de los 45 años de Asíes conversábamos de la situación nacional, con varios amigos que han ocupado puestos de alto nivel en el sector público. Se habló de la coyuntura, y uno de los aspectos que resaltó fue el error de haber incluido los pactos colectivos del sector público en la Constitución de la República. Tema que ha contribuido a que la tecnocracia se convirtiera en burocracia y el gran impacto financiero que ha tenido a costa de la inversión pública.
El Código de Trabajo de Guatemala, aprobado en 1961, fue diseñado para regir las relaciones laborales en el ámbito privado. Sin embargo, después de la promulgación de la Constitución de 1985, a falta de una normativa específica, la negociación colectiva y el derecho a la huelga de los trabajadores del Estado también son regidos por dicho código.
Un pacto colectivo en el Gobierno es un acuerdo negociado entre el sindicato con mayor número de afiliados y las autoridades gubernamentales o los funcionarios de la institución pública de turno. La mayoría de las instancias públicas tienen pactos colectivos con muchas variaciones y alcances.
Por medio de la negociación colectiva, se ha otorgado una serie de privilegios a los sindicalistas como “liberarlos” —que perciban salario sin trabajar—, carros, seguridad, viáticos, sedes, y en ocasiones toman decisiones técnicas, financieras, disciplinarias y laborales en instituciones en sustitución de funcionarios públicos complacientes.
Además, a los trabajadores se conceden días extras de asueto, bonos, seguros, becas, plazas heredadas y lo más impactante son los aumentos salariales masivos de los trabajadores desligados de su buen desempeño y capacidad financiera pública. Esto ha provocado la mediocridad de muchos empleados y ningún incentivo para los que hacen bien su trabajo.
Los contribuyentes pagan más, pero reciben menos servicios públicos.
Como resultado, la mayoría de los servicios públicos como salud, educación, infraestructura y otros son de muy mala calidad y no llegan a la mayoría de los guatemaltecos. Sin embargo, los gastos de funcionamiento van en aumento debido en gran parte por el incremento de la masa salarial (salarios, bonificaciones, comisiones y otros beneficios). En los años 2004-2007 el gasto de funcionamiento presentó el 7.6 por ciento del PIB y en el proyecto de presupuesto 2025 es de 10.6 por ciento del PIB con un monto de Q103 mil 968 millones (70 por ciento de la propuesta de presupuesto).
Los ciudadanos cada vez pagan más impuestos y obtienen menos servicios, ya que muchos de los recursos van para “honrar” los pactos colectivos. El colmo ha sido el pacto colectivo del Ministerio de Educación, que dos ministras de Educación lo han aceptado negociar “bajo reserva”. Incomprensible, ya que tanto el patrono como los trabajadores son funcionarios públicos negociando el dinero público. Luego de diez meses y no sabemos los resultados.
El derecho a la sindicalización de los trabajadores del Estado está garantizado por ley, lo mismo que a la negociación colectiva y a la búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo. No obstante, esto no implica que no puedan limitarse y racionalizarse los beneficios que se obtienen por medio de la negociación colectiva. Principiando con los límites que ya establece el ordenamiento jurídico existente.
Se le recomienda incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios, que los beneficios negociados a partir de la firma de pactos colectivos le aseguren al Estado la capacidad de financiamiento. Contratar según méritos, incentivar por resultados y desvincular al personal no idóneo. Importante respetar el equilibrio fiscal, evitar el otorgamiento de beneficios excesivos y dar mayor acompañamiento técnico al funcionario público de turno que representa la parte patronal en el proceso negociación. ¡Es momento de poner límites!
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