Aleph
Error calculi retractur potest
¿Candor político o error de cálculo?
Para que se produzca un golpe de Estado, se necesita que haya un grupo que quiera hacerse del poder por la fuerza, como en Guatemala el Pacto de Corruptos. Supone, además, que este grupo busque tener el control sobre los organismos depositarios de la soberanía nacional como el Congreso, las Cortes y el Ejecutivo, ya sea a través de sus operadores estratégicos o de manera total. Y en el caso de un golpe de Estado tradicional, al mejor estilo de los siglos anteriores, los golpistas incluso controlan grupos estratégicos del Ejército y la policía.
¿Candor político o error de cálculo?
De allí la necesaria independencia de poderes. Recordemos, como ejemplo, el Jueves Negro y el Viernes de Luto, hace 21 años, cuando el golpista Ríos Montt conoce la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender su campaña presidencial, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le había dado el banderazo de salida. Él dijo entonces a la prensa que no se haría responsable por las reacciones violentas que pudieran tener sus bases y, ciertamente, las turbas organizadas por el FRG provocaron el caos. Los cuerpos de seguridad actuaron tarde, vehículos con placas oficiales o sin placas repartían alimentos y llantas en puntos estratégicos, hubo baños colocados previamente en el Obelisco y acarreo de gente de todo el país. Nunca fue una manifestación espontánea.
La tradición golpista es larga, y el Pacto de Corruptos representa hoy lo más granado de esa tradición. En ese pacto hay empresarios, militares y exmilitares, operadores políticos en los tres organismos del Estado y operadores judiciales en todas las cortes. Incluso lobbistas internacionales. Para operar como un sistema, que es lo que han venido haciendo más estratégicamente desde el 2017, hoy necesitan el control total de la investigación criminal y el sistema de justicia, con el fin de ejercer su método golpista por excelencia: el terrorismo jurídico. Esto implica un matrimonio de conveniencia entre el Ministerio Público (MP) y las Cortes.
El presidente Bernardo Arévalo y su equipo más cercano conocen a la perfección esta tradición golpista que hoy tiene nombres y apellidos. Desde las elecciones de 2023, el partido Semilla la tuvo difícil, cuando el Pacto de Corruptos quiso anularlas; incluso el mismo día de la toma de posesión, vimos cómo quisieron hacerse del control por la fuerza y la compra de diputados. No se puede alegar ignorancia y, como ya lo hemos dicho, en política los tiempos son tan importantes como las decisiones que se toman. Por ello, cuando Ligia Hernández, exsecretaria de Semilla, decide salir de la cárcel (adonde injustamente fue llevada), adhiriéndose a la ley de aceptación de cargos, el MP de Porras, apoyado por el juez Orellana, hacen la siguiente movida y allanan la casa del exministro Alvarado (cuya renuncia aún no había sido formalmente aceptada), perseguido por el Pacto de Corruptos al no plegarse a la corrupción existente desde hace décadas en el Micivi.
La respuesta de Arévalo fue correcta pero no suficiente, ante una ciudadanía que sigue esperando acciones más contundentes y concretas. ¿Candor político o error de cálculo? El candor político dejémoslo para los principiantes; el error de cálculo se puede rectificar: Error calculi retractur potest. Abogados constitucionalistas aseguran que el artículo 251 de nuestra Constitución le otorga al presidente las facultades para remover a la fiscal general. Aún si la CC decidiera reinstalarla, el presidente puede desacatar inconstitucionalidades, según lo señala la misma Constitución (artos. 5 y 44). Algo como esto le devolvería el respeto ciudadano. También queda la posibilidad de que en el Congreso se obtengan los votos suficientes para revertir la ley que mantiene a la Fiscal en el poder. Es un momento político crucial para el gobierno y nuestra democracia. Y aquí seguimos, creyendo que Guatemala es posible.
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