Civitas
Entre lluvias y estados de excepción
La primavera de Arévalo está viéndose opacada por el invierno guatemalteco.
Todo apuntaba a que el trayecto del huracán Beryl sería tan preciso de entrar a Guatemala el fin de semana y que traería, a una época ya de por sí lluviosa, más estragos. No obstante, para alivio de una gran parte del país, las probabilidades de enfrentar un huracán de esa magnitud disminuyeron con el pasar de los días. Definitivamente la prevención y capacidad de atender estos sucesos ha sido deficiente en Guatemala y por eso los fenómenos naturales nos azotan tan fuertemente, cobrando vidas y condicionando el futuro de los más afectados. En respuesta a ello, parece regla, pues se hizo tan habitual, acudir a declarar estados de excepción para enfrentar las lluvias y no importa si el gobierno de turno es más estatista, menos estatista o de cualquier ideología. Enfrentar la época de invierno (la cual ya sabemos que viene cada año) en Guatemala significa que con los aguaceros vienen los estados de calamidad.
Estos son solo uno de cinco estados de excepción que existen y están regulados por la Ley de Orden Público. Esta ley de rango constitucional establece medidas que cesan la plena vigencia de ciertos derechos para garantizar la protección de otros que se consideran fundamentales. El estado de calamidad se declara para minimizar los daños de desastres naturales imprevisibles, facultando al presidente a centralizar servicios, limitar movimientos, exigir cooperación, regular precios y ordenar evacuaciones.
Ahora bien, los estados de calamidad tienen también una lógica política detrás: hacer uso rápido de los recursos del Estado para atender una situación. El ideal sería que los recursos se utilizaran eficientemente y llegara la atención lo más pronto posible a los guatemaltecos que se ven afectados, que se implemente la infraestructura adecuada para evitar pérdidas o que se logre prevenir que más desastres tengan un impacto negativo a gran escala. A la vez, conlleva ciertos desafíos, puesto que puede abrir la puerta a la corrupción (ha ocurrido), a actuar fuera de una estrategia de largo plazo, atendiendo coyunturalmente a la población o que la calidad del gasto sea afectada.
Un diputado del partido Semilla lo dijo (más bien tuiteó) hace años, los estados de calamidad “no solucionan la incapacidad.” ¿Será que este criterio aún es vigente?
Gobiernos anteriores han utilizado las lluvias como excusa para declarar estados de excepción. La intención de declarar un estado de calamidad por el gobierno actual no es nueva. Pero sí tiene efectos diferentes, puesto que estamos en un contexto político diferente.
Además, un gobierno que ha sido fuertemente criticado por “no ejecutar”, es decir llevar una ejecución presupuestaria lenta, lo cual se traduce a la percepción de muchos como inactividad o estancamiento para actuar, un estado de calamidad puede tener dos efectos. Por un lado, puede significar luz verde para cambiar esta percepción y agilizar el uso de recursos públicos para atender infraestructura deficiente que empeora con cada lluvia, evacuar a tiempo a los posibles afectados y llegar a damnificados. Así, finalmente se vería algo de pragmatismo y que lo que sucede en suelo guatemalteco es prioridad. Por otro lado, podría evidenciar que, incluso con más recursos o vía libre para hacer uso de los que ya se tienen, el Ejecutivo es incapaz de despegar. Haciendo así claro que la inexperiencia o la improvisación también salen caras. Incluso un diputado del partido Semilla lo dijo (más bien tuiteó) hace años, los estados de calamidad “no solucionan la incapacidad.” ¿Será que este criterio aún es vigente?
No obstante, todo esto depende de si el Ejecutivo decide decretar el estado de calamidad y si es aprobado por el Congreso. Mientras tanto, la primavera de Arévalo está viéndose opacada por el invierno guatemalteco.
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