¿Qué es fraude electoral? Don Jesús Alfredo Dosamantes, en su Diccionario de Derecho Electoral, nos señala que es “expresión tradicional que se refiere a las maniobras, engaños o artificios que se utilizan para alterar los resultados de la votación a fin de dar el triunfo electoral a quien no lo obtuvo”. Nuestro sistema penal señala como delito a funcionarios o empleados públicos si utilizan su autoridad para ejercer influencia con el fin de beneficiar o perjudicar de forma electoral a cualquier organización política. Es un despropósito entender las elecciones solo como el día en que se vota, porque el proceso, como su nombre lo indica, consiste en una serie de pasos que de manera formal comienza con la convocatoria, pero para ello la autoridad electoral debió haber hecho muchos esfuerzos para asegurar el éxito.

Nuestro padrón electoral es el listado de ciudadanos aptos para ejercer el sufragio. Por desidia del Tribunal Supremo Electoral, el nuevo ciudadano, al obtener su Documento Personal de Identificación (DPI), debe realizar una gestión distinta para lograr su empadronamiento. Esta magistratura y, por lo menos, las dos anteriores, no hicieron público haber auditado el padrón, así que no sabemos a la fecha cuál es el porcentaje de fallecidos que aparecen y de personas que cambiaron de residencia, solo por mencionar las dos variables más importantes. Es tan absurdo el tema que cualquiera de nosotros puede haber declarado una residencia en el Renap y otra ante el Registro de Ciudadanos del TSE. Se sigue con los lineamientos y normas del 2002, a pesar de la catarata de dinero invertida para la modernización. Se calcula que casi tres millones de jóvenes tienen DPI, pero no están empadronados. Nuestra autoridad electoral realizó una fallida campaña de empadronamiento en donde colocaron algunos puestos de atención en centros comerciales y parques, lo publicitaron por medio de Twitter y gastaron millones, el resultado sumamente mediocre. Si el TSE no se ha ocupado de lo básico cómo pretende, sin experiencia previa, modificar en 180 grados el sistema de transmisión de resultados, crear una base de datos biométrica de votantes y gastar la absurda cantidad de Q1 mil 200 millones para una elección. Esto muestra despilfarro y además, al escuchar las declaraciones de los magistrados para justificar sus decisiones, sí nos debemos asustar. Lo peor es que de forma paralela se muestran draconianos con algunas opciones políticas, pero lucen, con gala y sin miedo, el favoritismo a los colores del partido oficial.

La autoridad electoral planea gastar en un nuevo sistema de gestión electoral, que ni siquiera tiene fundamento reglamentario y olvidó sus obligaciones básicas, como lo son, primero, asegurar la depuración y transparencia del padrón electoral, y segundo, generar confianza ciudadana como árbitro y juez, porque todas las organizaciones políticas deben jugar con las mismas reglas, sin favoritismos evidenciados por redes sociales hasta el cansancio. La historia es cíclica y ahora, al corroborar acciones y agresiones neo luquistas en nuestro país, debemos recordar cómo hace unos años el Consejo y Registro Electoral llevaban a cabo fraudes electorales, al grado de que el último, el realizado en 1982, motivó a que oficiales jóvenes del Ejército reaccionaran frente a los generales cómplices de la burla popular, historia que ni por asomo debe de nuevo ser realidad. La omisión del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas es enorme en el tema electoral, esperemos ver reacciones ciudadanas para defender lo poco que queda de la confianza electoral, porque si a esto le agregamos el desorden en el “empadronamiento” y “documentación” de migrantes en el extranjero, la ruta al fraude está asegurada.