El tablero de alertas covid-19 actualizado al 21 de agosto muestra un semáforo con un país prácticamente en rojo —el 85% de los municipios—, el 5% en amarillo y el resto en naranja. Lo preocupante es que las respuestas a la emergencia son débiles, y vamos para peor. El porcentaje de vacunados aún es bajo; ocupamos el penúltimo lugar en Latinoamérica, con 3.8% con esquema completo y 17.5% con la primera dosis. Gran porcentaje de las vacunas han sido donadas. Las cinco nuevas variantes (mutaciones) que han ingresado al país siguen en aumento y agravan la situación, estas son: gamma (brasileña), alfa (inglesa), delta (californiana) y recientemente lambda (peruana). Los hospitales están colapsados, sin equipos ni medicamentos, y lo que es peor, sin especialistas y personal de apoyo suficientes, no tienen capacidad para recibir más enfermos. Los centros de Salud ya no tienen kits de medicinas para que quienes resulten positivos puedan paliar su situación, los bomberos municipales y voluntarios no quieren trasladar a pacientes que no estén realmente graves, los hospitales no los reciben. Los continuos mensajes de que “las personas infectadas acudan a buscar ayuda médica antes de ponerse graves” carece de sentido bajo estas condiciones, pues solo se atiende a los realmente graves.

Las medidas que el Gobierno ha tomado son tibias, y sin ejercer sanciones a personas, grupos y empresas que no acatan las recomendaciones que se dan. Se continúan celebrando fiestas patronales, fiestas privadas, reuniones sociales. El transporte se continúa realizando con hacinamiento y sin medidas sanitarias. La población, ante el relajamiento de medidas, no termina de comprender la dimensión del problema; los que han tenido suerte de ser asintomáticos o con pocos síntomas, en forma irresponsable siguen dispersando el virus por doquier, al no sentir síntomas, consideran no tener la enfermedad. Continúan su vida normal y se han quitado la mascarilla pensando que son inmortales. Pero la realidad es que quienes hemos tenido casos cercanos de familiares muertos o graves comprendemos plenamente la situación, acerca de la gravedad de este caprichoso virus. Vacunémonos lo antes posible y continuemos con las medidas sanitarias recomendadas.

Mientras tanto, el Gobierno actúa pusilánime ante el virus. La semana pasada tuvimos un día con casi seis mil casos positivos, con una tasa del 38% sobre las pruebas realizadas y va en aumento. Es importante que el presidente y su gabinete se encierren a discutir que hacer por el país en estos momentos. Todos los ministerios deben priorizar la atención a los ciudadanos, sobre todo a los de escasos recursos, quienes no tienen para comprar medicinas y viven en casas pequeñas o en un solo cuarto donde es imposible el aislamiento. Los recursos tanto humanos como materiales del Gobierno deben ponerse al servicio de la salud, principiando con los ministerios que tienen recursos para emergencias. Revisar también el actuar de ministerios con escasa incidencia en el quehacer de la nación, cuya actividad diaria no es relevante, para ponerlos al servicio del combate al virus.

Los hospitales nacionales deben contratar en forma emergente el personal necesario y realizar la compra de los equipos e insumos necesarios. Y ante los vacíos legales que han permitido que el estado de calamidad continué vigente, debería aprovecharse para realizar las compras necesarias, exclusivamente para el Ministerio de Salud, pero hay que legislar en forma urgente, sanciones drásticas, para quienes aprovechen esta situación para llevar dinero a sus bolsillos. El congreso puede dar muestra de voluntad política al legislar para que los procesos sean transparentes, en forma rápida como lo ha hecho El Salvador. Los empresarios, instituciones y universidades deben contribuir al privilegiar el trabajo que es posible desde casa y no exponer al recurso humano y clientes al contagio.