La institucionalidad en Guatemala está en serio peligro y los conscientes de ello, debemos de recuperarla. Tarea cívica indelegable y menos a los políticos. Consultando a varios autores, se entiende por institucionalidad aquellos valores y principios republicanos que están por encima de la forma del Estado, relaciones de pacífica convivencia ciudadana que tienen en el respeto a las instituciones democráticas el común denominador.

Ineludiblemente en la falta de respeto a la cultura democrática, han confluido las dos peores sombras, la anarquía y el totalitarismo. Así, las frecuentes agresiones a los funcionarios públicos, a los oponentes políticos o a quien opine distinto, no sólo supone el deterioro del sistema de convivencia pacífica, sino niega la cultura democrática, el respeto a la pluralidad y finalmente los resultados electorales. Por eso es fundamental la existencia de un sistema de legalidad que lleva consigo el respeto a la estructura y funcionamiento del orden jurídico-estatal, donde la línea constitucional fija las obligaciones y lo contrario sus consecuencias.

Para atender el llamado a la protección de esos principios, es imprescindible la función del poder judicial, irradiando, entre gobernantes y gobernados, un efecto ordenador y pacificador que resulta medular para el desarrollo civilizado de las relaciones humanas. Pero para que los juzgadores cumplan cabalmente con los deberes de proveer tutela judicial efectiva, es menester garantizar, como presupuesto esencial, la independencia judicial. El célebre jurista Eduardo Couture, dijo: “Cuando los jueces tienen miedo la sociedad tiembla, porque la independencia judicial no es la garantía funcional del juez, es una garantía de las personas que sus actos serán examinados por un juez que no recibirá órdenes y que su función únicamente está sujeta a su honrada convicción profesional y su pensamiento será guiado solamente por lo que la ley dice”.

Sin embargo, en la medida que la presión social, mediática o política persiga cada vez más someter las decisiones judiciales, los juzgadores se verán más estigmatizados y coaccionados. Efectivamente, quienes manipulan la opinión pública limitan brutalmente la independencia del poder judicial y suponen un ejercicio coercitivo de la justicia, prácticamente dan por sentada la culpabilidad o la victimización, sin juicio, de un sujeto, basándose en rumores, opiniones, posturas o intereses, para lo que despliegan toda la presión extrajudicial. Dejan en los juzgadores toda la sensación de indefensión, puesto que no es función de ellos defenderse ante los medios de comunicación, redes sociales y agresiones colectivas, ni existe dentro de la estructura jurídica instancias dedicadas a desmentir, reivindicar o defenderlos contra los agentes sociales. Así, la intimidad, valoración y entorno familiar de los juzgadores se vulnera como consecuencia de esa intervención abusiva. Adicional a ello y ante los niveles tan altos de desconfianza ciudadana en las instituciones judiciales, hay operarios del derecho que recurren grupos de presión y la intervención mediática, para vender expectativas sobre sus alcances, atribuciones e injerencia sobre la administración de justicia, quienes, por rentabilidad política, económica o membrecía se ofrecen como una solución.

Ahora bien y contrario con lo antes afirmado, siempre amparados bajo el discurso de la independencia judicial, hay juzgadores que utilizan su posición no para la defensa de los derechos individuales, sino para promover su estabilidad o metas burocráticas, su ideología o adherencia con coaliciones que consideran dominantes. Adquieren rasgos de activistas u operadores de actores externos y al hacerlo ligados con facciones políticas consiguen más poder e influencia, en debilitamiento de la democracia. No se olvide que la ley limita, pero también empodera.

Como una conclusión, no descuidemos que los operadores de justicia deben saber que, como funcionarios públicos, también están sometidos al control y escrutinio de los mecanismos disciplinarios creados para tal efecto y sujetos a la crítica, pero debemos de estar siempre alertas ante los excesos que comprometen la independencia judicial por aquellos que propician la impunidad en el uso arbitrario del poder.