Es importante que la nueva administración dé señales de que está trabajando para cumplir la principal promesa con la que convenció a sus votantes que los apoyaran: el combate a la corrupción. Me permito recomendar dos acciones muy sencillas.

La primera es publicar la información del “Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudio y/o Servicios Individuales y otros relacionados con el Recurso Humano” del ministerio de Finanzas, mejor conocido como Guatenóminas. Esta es una herramienta informática que “estandariza el control y la transparencia del pago del recurso humano en todas las entidades del sector público no financiero”. Es decir, en teoría, sirve para transparentar la información sobre las personas a las que el gobierno les paga un sueldo. Según la información más reciente que encontré, a junio del año pasado ya había 89 instituciones que registraban el gasto de sueldos y salarios en la plataforma. De ellas, 42 eran del gobierno central y 47 eran instituciones autónomas y descentralizadas.

No tengo idea de qué porcentaje de los empleados gubernamentales representen esas 89 instituciones, pero presumo que es significativo. Hasta la fecha, en teoría, nadie sabe cuánta gente trabaja en el gobierno. Se recordará usted del famoso “censo” que dizque hizo la administración de Jimmy Morales, que al final solo fue un despilfarro de varios millones de quetzales del cual nunca nos enteramos del resultado, solo de algunos de los datos “agregados”. ¿Tan difícil era hacerlo o tan horrible sería lo que encontraron que prefirieron esconderlo bajo la alfombra? Pero ahora ya no se necesita hacer un “censo”. Toda la información necesaria, por lo menos de esas instituciones, ya está en Guatenóminas. Lo único que tiene que hacer el gobierno es publicarla. No hay excusa que valga porque toda esa información está catalogada como pública. Ni siquiera tienen que publicar toda la información que tengan de las personas, solo lo básico: nombre, dónde trabaja, qué puesto tiene y cuánto gana. No necesitamos saber más. ¿Qué le cuesta al gobierno publicar esa información? Casi nada, quizá algo de programación.

La segunda recomendación se basa en una consecuencia “no esperada” de las acciones del mismo Movimiento Semilla. Ellos pelearon para que no se utilizara el presupuesto de 2024, argumentando que era corrupto y los ataba de manos, hasta que lograron que la CC les dejara trabajar con el presupuesto de 2023. Ahora bien, este es exactamente el mismo presupuesto con el que trabajó la administración de Alejandro Giammattei, esa del pacto de corruptos y que no pocos consideran que ha sido el peor y más corrupto gobierno que ha tenido el país. Y no cualquier presupuesto, sino que el del último año de esa administración que, por definición, es el más grande sobre el que pudieron poner sus manos. Adicionalmente, es el presupuesto de la “Ley de Hidalgo” —baboso el que deje algo—, por lo que no debería haber mejor ejemplar de un presupuesto diseñado para robar a manos llenas.

De allí que la administración de Arévalo tiene la oportunidad de oro para demostrar, con toda la evidencia del mundo, en qué y dónde se robaron todo el dinero los corruptos de la administración anterior. Según las declaraciones de campaña del presidente, el 40 por ciento del presupuesto se pierde en corrupción. Ello implicaría unos Q46 mil millones. Entendemos que en el calor de la campaña se puede exagerar un poco las cifras, así que asumamos que no es tanto, sino solo una cuarta parte de lo que dijo el presidente, lo que sería cerca de Q12 mil millones. Pues bien, tienen la oportunidad de oro para enseñarle a la población en qué partes del presupuesto se robaron esos miles de millones de quetzales y demostrar cómo ellos no se lo van a robar, sino que lo utilizarán para brindar más bienes y servicios a la población. ¿Podrán hacer aunque sea eso, en aras de la transparencia?