La integridad de un proceso electoral descansa en que se garantice la libertad, justicia, transparencia y equidad de las elecciones. Y esto no sucede únicamente el día en que se vota, sino a lo largo de las distintas etapas del proceso. “Reglas ciertas y resultados inciertos”, dicen los especialistas.

Esta máxima, traducida al lenguaje común, significa que las normas y procedimientos que rigen una elección deben ser suficientemente claros y permitir que los actores políticos compitan en igualdad de condiciones. Solo de esta manera se garantiza la credibilidad de los resultados porque los mismos no pueden ser predeterminados ni predecibles para ninguno de los competidores. Proveer esta certeza es la tarea primordial de la autoridad electoral.

En otras palabras, para que un proceso electoral sea íntegro debe asegurar que el escrutinio de los votos se realice de forma correcta y transparente, que las y los ciudadanos voten sin amenazas y haya la alternancia en el poder, que exista control y fiscalización sobre el financiamiento electoral, que se dé un acceso equitativo a los medios y que existan normas claras que rijan por igual para todas las organizaciones políticas y sus integrantes.

Si examinamos a la luz de estos criterios lo que ha venido sucediendo en esta primera etapa del proceso electoral se encienden todas las alarmas. En primer lugar, porque no hay certeza jurídica sobre los criterios que aplicaron el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral a las y los candidatos que fueron habilitados para competir en estas elecciones y a quienes se les negó o revocó la inscripción. Y en segundo, porque se tomaron decisiones diametralmente opuestas —unos inscritos y otros no— bajo las mismas circunstancias.

Mientras a Zury Ríos Sosa, candidata presidencial de la coalición Valor-Unionista, y a Romeo Guerra, candidato vicepresidencial de la UNE, se les inscribió teniendo ambos prohibición constitucional —ella por ser hija del golpista Efraín Ríos Montt y él por ser pastor—, a Jordán Rodas, candidato vicepresidencial del MLP, se le negó por “no tener finiquito válido”. En lenguaje jurídico, con Ríos Sosa se aplicó un criterio “extensivo a favor de los derechos humanos”, y en el caso de Rodas Andrade, uno “restrictivo”, sin siquiera entrar a analizar el señalamiento que presentó la Contraloría General de Cuentas en contra del ex PDH.

Y sumemos lo sucedido con Roberto Arzú, candidato a la presidencia de Podemos, a quien primero se le inscribió y luego se le revocó la inscripción, aduciendo campaña anticipada, como si ningún otro candidato/a —inscrito— la hubiera realizado. Encima, al pedir reconsiderar la decisión, el TSE se negó a hacerlo —pasándole la “chibolita” a la CC— cuando a Manuel Baldizón lo inscribieron como candidato a diputado y lo “desinscribieron” ellos mismos en 72 horas.

Ni hablar del caso del diputado Aldo Dávila, a quien se le revocó la inscripción por tener solicitudes de antejuicio pendientes en su contra, en contraposición con una decena de alcaldes y diputados que fueron inscritos y también afrontan el retiro de inmunidad por señalamientos del MP (MOEGT, 3/4/23). En síntesis: unos sí y otros no, todo depende.

¿Depende de qué? De las decisiones arbitrarias y antojadizas del TSE que, cada vez queda más claro, responden a la estrategia de consolidar la regresión autoritaria, desmantelar la institucionalidad y demoler lo poco que nos van dejando de democracia. Las cartas están marcadas: la ciudadanía podrá ir a votar, pero solo entre las opciones que garanticen la continuidad y tengan la “bendición” del Pacto de Corruptos o de la coalición autoritaria, como usted guste llamarle.

El derecho humano de elegir y ser electo se está violando flagrantemente por la entidad llamada a protegerlo y garantizarlo.