Punto de encuentro
Elección de cortes: ¿seguirá cooptado el sistema?
Este proceso confirma que el modelo de las comisiones de postulación está agotado.
El trabajo de las comisiones de postulación para definir los listados de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las 46 salas de cortes de Apelaciones por los próximos cinco años entra en su etapa decisiva.
Lamentablemente, como en ocasiones anteriores, este proceso confirma que el modelo de las comisiones de postulación está agotado. Por más esfuerzos que se hicieron para contrarrestar el poder de las redes de corrupción y tráfico de influencias, la correlación de fuerzas sigue siendo negativa y, a la hora de votar, prevalece el bloque que busca mantener el estatus quo en el sistema judicial.
Si bien cuando se definió este mecanismo de elección la intención fue “despolitizarlo” incluyendo a la academia y al gremio de abogados en la conformación de las comisiones de postulación, rápidamente las redes apuntaron a la cooptación de estos espacios a través de variadas estrategias.
La primera víctima fue la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cuya rectoría se convirtió en un territorio en disputa y hoy estamos viendo las terribles consecuencias tras el fraude que llevó a Walter Mazariegos a ser su máxima autoridad. También el Colegio de Abogados y Notarios, otrora asociación gremial dirigida por profesionales éticos y dignos, pasó a ser un botín y sus elecciones, un ejemplo “en chiquito” de la política clientelar que domina los procesos electorales en Guatemala.
Ni hablar de la proliferación de universidades con el único fin de contar con facultades de Derecho para tener a su decano/a integrando las comisiones de postulación y, tras la elección, contar con alfiles en puestos de decisión en la administración de justicia que les deben el “cargo”.
A la hora de votar prevalece el bloque que busca mantener el statu quo en el sistema judicial.
Todo esto explica las razones por las cuales se hace extremadamente difícil que de este proceso salgan electos magistrados/as que garanticen un sistema judicial independiente. Las últimas decisiones que, por mayoría, tomaron ambas comisiones no hacen más que degradarlo: Determinar que la reconocida honorabilidad que establece la Constitución para ser magistrado solamente “se pierde” cuando se ha sido condenado por un delito con “sentencia debidamente ejecutoriada” abre la puerta para incluir como candidatos/as a personajes que están utilizando el Derecho Penal como arma de persecución y castigo (lawfare), que tienen conductas antiéticas o que han sido catalogados como actores corruptos y antidemocráticos por gobiernos de países amigos y organismos internacionales de los que Guatemala forma parte. Por eso, de las 32 tachas presentadas en contra de aspirantes a las magistraturas de la Suprema, 31 fueron rechazadas, y de las 66 contra candidaturas para salas de Apelaciones, solo a una se le dio trámite.
Ni hablar de la decisión de suprimir la fase de entrevistas a las personas postulantes que permitía mayor transparencia y era un mecanismo para que las y los comisionados midieran de mejor forma la idoneidad. Si a eso le agregamos el conflicto de interés (por decir lo menos) que supone que 33 comisionados sean a la vez candidatos a magistrados, el panorama se pinta complejo y supone la continuidad del sistema de cooptación judicial.
Como ciudadanía no podemos ser ajenos a este proceso. Nos jugamos la posibilidad de que al afrontar un proceso (civil, penal, laboral) la aplicación de la justicia sea objetiva e imparcial o estemos a merced del tráfico de influencias, el pago de sobornos y la venganza. Está en juego también que personajes vinculados a redes delictivas y de corrupción sigan siendo beneficiados y quienes no han cometido delitos, perseguidos y condenados.
Toca dar la batalla en dos fases: ahora que se conformarán los listados y se votarán las magistraturas en el Congreso y, después, cuando haya que impulsar una reforma para revisar el procedimiento de elección.
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