Se venía advirtiendo. La captura de la justicia era uno de los mayores riesgos para nuestra maltrecha democracia y lo es, justamente ahora, cuando en las cortes cooptadas se dirime la ruta que tomará el proceso electoral.

Aquella lejana maniobra del año 2014, en donde según el testimonio escrito de Manuel Baldizón, acordaron junto a Alejandro Sinibaldi repartirse la integración de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en una reunión posterior en el Hotel Vista Real los magistrados electos les “juraron lealtad” ha rendido frutos. En ese momento Baldizón era el presidenciable del partido Líder y Sinibaldi el candidato prematuro del Partido Patriota (No Ficción, 1/9/2019).

“Básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación, que se recordara que quienes los habían puesto eran los que estaban en esa reunión, fue un discurso directo hacia los magistrados que iban a ser electos por el Congreso de la República pocas horas después”, escribió el excandidato de Líder (hoy de la agrupación Cambio) en una carta enviada a la Cicig.

Estos magistrados y magistradas a los que se refiere Baldizón en el testimonio que escribió y firmó estando preso en una cárcel de los Estados Unidos (aunque hoy se desdice), son los mismos que llevan 8 años en sus cargos en una flagrante violación del plazo constitucional. Los mismos, salvo dos excepciones, que convirtieron al Pleno de la Suprema en la oficina de trámites del MP de Consuelo Porras y de la presidencia de Giammattei.

Los mismos que a través de sus resoluciones benefician a funcionarios y diputados del Pacto de Corruptos con fallos favorables para mantenerles la inmunidad y perjudican a jueces y juezas anti-corrupción, a quienes les levantan el derecho de antejuicio obligándoles a salir al exilio para evitar ser víctimas de persecución penal indebida. Los mismos que avalaron las decisiones arbitrarias del TSE de dejar fuera del proceso electoral a tres candidatos presidenciales con posibilidades reales de llegar al balotaje y avalaron las candidaturas de Zury Ríos (del Partido Valor) y de Romeo Guerra (el vice de Sandra Torres) a pesar de la prohibición constitucional.

Sí, los mismos que deben ahora conocer los amparos interpuestos por los partidos del Pacto (encabezados por el oficialista Vamos y el reciclado Cambio) y definir si entrampan el proceso electoral negándose a que se oficialicen los resultados del 25 de junio que, dicho sea de paso, quedaron ratificados luego de la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios que se celebraron durante la semana pasada por orden de la CC.

Ya la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, hizo lo propio el viernes en la noche cuando firmó de forma unilateral una resolución que mantiene el impase y amenaza de manera flagrante la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Mientras escribo esta columna (mediodía del lunes 10/7) aún no se conoce lo que está sucediendo en el pleno extraordinario convocado para conocer los recursos legales y el informe trasladado por el TSE en el que se planteó a la CSJ que se “dé por cumplida la revisión de actas y se deniegue la solicitud de los partidos de conteo físico de cada voto por no estar regulado por la ley” (PL, 8/7/23).

“Golpe estado sin cuartelazo, golpe de estado judicial” denuncian juristas nacionales e internacionales como un escenario posible. Por eso, el sábado las y los estudiantes universitarios encabezaron una nutrida manifestación por las calles del Centro Histórico y hoy las autoridades indígenas hacen lo propio en diversos puntos del país. “El voto no se vende, se defiende” es la consigna de quienes nos negamos a perder lo último que nos está quedando de democracia: el derecho a elegir.