Los verdaderos héroes de estas elecciones han sido los miembros de las juntas electorales, quienes han soportado presiones y amenazas, pero aún así han defendido el voto de los guatemaltecos. Son ciudadanos comunes y corrientes que de buena fe decidieron colaborar con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ahora han tenido que enfrentar los embates de los fiscales de nueve partidos políticos. Los vándalos políticos vociferan un inexistente fraude, aunque en el fondo su intención es invalidar las elecciones. Tratan de evitar que Bernardo Arévalo participe en la segunda ronda electoral, pero se han enfrentado a una muralla ciudadana que ha protegido las actas y los votos. Es más, las juntas electorales lo han hecho, pese a que el TSE las abandonó, no les dio ningún tipo de asesoría ni apoyo. Pareciera como que los magistrados del TSE a propósito las dejaron a su suerte para quebrarlas y que el presidente Giammattei y el partido Vamos lograran su propósito.

Giammattei había preparado el escenario electoral eliminando candidatos incómodos. Buscaba que triunfara alguno de los candidatos que le garantizara impunidad. Sin embargo, no previó que pasara a segunda vuelta Arévalo, alguien que no estaba en el radar de los corruptos. Ante este resultado, se inventaron el supuesto fraude que habría hecho un partido de oposición sin recursos económicos ni capacidad para torcerles el brazo a las juntas electorales. Un argumento absurdo porque un fraude solo lo puede cometer un partido en el poder, como el que intenta hacer ahora Vamos. El tonto útil en esta ocasión fue el partido Cambio, de Jorge Baldizón, hijo de Manuel Baldizón, quien encabezó a un grupo de partidos que exigían un nuevo conteo de votos, algo que no está contemplado en la ley electoral. Su objetivo no es la transparencia del sufragio, sino evitar un eventual triunfo electoral de Arévalo porque no confían en que Sandra Torres pueda ganarle en la segunda vuelta electoral.

Luego de crear un ambiente de crisis política, tocaron a las puertas de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual está copada por magistrados al servicio de Giammattei y Zury Ríos, para que pasara sobre el TSE, pese al carácter autónomo de este. Sin tener competencia para conocer el amparo de los partidos, esta corte le ordenó al TSE suspender la oficialización de resultados de las elecciones y convocar a una revisión de escrutinios. El manoseo electoral estaba servido. Con prepotencia, los fiscales, principalmente de Vamos, Valor y Cambio, exigían el conteo de votos, y no solo la revisión de las actas. Sin embargo, las juntas electorales no permitieron que los vándalos políticos consiguieran su propósito. Los Baldizón ahora buscan criminalizar a la Junta Electoral del Departamento de Guatemala con una denuncia penal espuria por no prestarse a sus intereses. Sin embargo, la ley electoral es clara en el sentido de que los miembros de las juntas electorales gozan de inmunidad, similar a la de los alcaldes.

El riesgo de un golpe electoral fraguado por Giammattei para eliminar a Arévalo e imponer a Manuel Conde aún está latente, con lo que retrocederíamos a los períodos más oscuros de la historia del país. Con tal de mantener su impunidad, el mandatario estaría dispuesto a acabar con lo poco de democracia que nos queda. Ese escenario representaría una vorágine de imprevisibles consecuencias, por el rechazo ciudadano y que ya se expresa por medio de los 48 cantones de Totonicapán. Nadie en su sano juicio quiere un baño de sangre, sino que el proceso electoral concluya con paz y tranquilidad. Esa es la preocupación de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Es también el clamor ciudadano, compartido por gremiales empresariales, profesionales, partidos políticos responsables y misiones de observación. El voto es sagrado y debe respetarse.