Costa Rica tiene menos de la mitad del territorio de Guatemala, pero ha sabido explotar sus riquezas naturales como un gigante y se ha posicionado con un liderazgo ambiental en América Latina. Eso le ha significado ser percibido como un paraíso para millones de visitantes a nivel mundial, atraídos por el desarrollo de un turismo sostenible. La fórmula es muy sencilla: la protección apropiada de sus recursos naturales y culturales, así como el mejoramiento de las comunidades rurales. Costa Rica es símbolo de turismo ecológico, el cual explota con políticas adecuadas de protección de la naturaleza. Guatemala podrá tener una mayor riqueza natural y cultural que el vecino país, pero carece de la voluntad política adecuada para poder situarse a nivel internacional como un destino ecoturístico. En lugar de funcionarios y políticos interesados en el resguardo de la naturaleza, lo que tenemos es una banda de mafiosos interesados en el saqueo de los recursos del Estado, como se puede percibir con la descarada iniciativa de crear un superministerio de Ambiente.

En los últimos años hemos asistido a la debacle del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual se ha convertido en una oficina de trámites para facilitar la destrucción de la riqueza natural del país. La tala inmoderada, la siembra de monocultivos, la desviación de ríos, la luz verde a la actividad extractiva, la inmundicia que se anida en lagos y vertientes son la marca país que nos distancia de los grandes logros de Costa Rica. Además, ese ministerio se ha convertido en una oficina para la colocación de recomendados de políticos, sin importar si tienen o no conocimiento y capacidad para ocupar los puestos. Ahora, diputados, como la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, buscan convertir a esa cartera en un superministerio para la centralización de recursos de todo tipo. La iniciativa de ley que promueve la alianza oficialista va en vía contraria a las necesidades de descentralización que requiere el país para desarrollar políticas en favor del ambiente.

La iniciativa 6054, ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia ambiental, determinaría la liquidación de entidades que han sido eficientes en la protección de la naturaleza. De esa cuenta dejarían de existir el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las autoridades de los lagos de Amatitlán, Atitlán, Petén Itzá e Izabal-Río Dulce. A los diputados que promueven esta iniciativa no les importa que la incompetencia y la corrupción del Ministerio de Ambiente vaya a gobernar todas las áreas de protección de los recursos naturales del país. No, lo que les interesa son los recursos y el futuro clientelismo que se centralizaría en ese superministerio. Se trata de un botín de más de Q900 millones de presupuesto al año, así como más de dos mil plazas disponibles para el clientelismo.

El sector empresarial y las organizaciones ambientalistas han denunciado que esta iniciativa de ley es perjudicial para el país. Si ahora Guatemala se encuentra en una situación calamitosa y sus recursos naturales están en peligro, si se llegara a aprobar la iniciativa 6054 sería prácticamente abrirle las puertas a un ecocidio. La alianza oficialista no está interesada en la preservación de la riqueza natural del país, está interesada en el saqueo de esos millones de quetzales que entrarán al superministerio y el uso clientelar de las plazas. Los actuales diputados, con honrosas excepciones, se han mostrado como los más rapaces de los últimos años, a quienes no les importa el daño que le puedan hacer al país con tal de llenar sus bolsillos.