Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz, sino doloroso, y con muchas más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abundaron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candidatos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, la peor de las perspectivas.

Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organización gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el estado de Derecho.

El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable hacia un público carente —en su mayoría— de elementos de juicio. La precariedad de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al mando, las perspectivas no son alentadoras, dados sus fuertes compromisos con quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. En otras palabras, cambian los bueyes pero la carreta es la misma y seguirá la dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas lejanas.

Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.

Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobierno como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas populistas y cargadas de amenazas —pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas— representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.

En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, un período durante el cual lo malo de la administración actual —lo cual ya es mucho decir— aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la corrupción y el abuso de los sectores político y económicamente poderosos; por lo tanto, si se pretende recuperar la democracia, la unidad y el consenso son la única opción.