Examinar el desenvolvimiento de las instituciones en Guatemala durante las pasadas tres décadas puede llevar a concluir que el continuismo es más probable que el cambio, o bien que el cambio es inevitable y en la medida que tarde en llegar, será más drástico o radical.

Actualmente hay varios procesos en marcha que son emblemáticos de la manera en que reglas diseñadas con determinados ideales y propósitos se han descarrilado a tal extremo de ser disfuncionales. Por ejemplo, el proceso de comisión de postulación para nominar candidatos para que el presidente nombre al próximo fiscal general de la República, o el sistema para la elección del próximo rector de la Universidad de San Carlos. Estos procesos tienen en común que idealmente son articulaciones de democracia, representatividad y transparencia, que al mismo tiempo provocarían que emerjan los sujetos más aptos y adecuados. La experiencia ha demostrado que los medios no conducen a los fines deseados y más bien son procesos para nombrar nuevos duques, a feudos que sirven intereses angostos; son rutas para capturar centros de poder y recursos.

El sistema está sumido en la dependencia de ruta, atrapado en instituciones y políticas que trazaron caminos de los que es difícil desviarse. “Pegajosas”, resistentes al cambio; sus actores principales están fuertemente invertidos y las ordeñan. Mientras que la actual matriz de incentivos está atrincherada, los focos de oposición se encuentran divididos e incapaces de alcanzar consensos sobre la dirección de cambios. Hay ausencia de coaliciones en la promoción de causas por parte de la sociedad civil, que incluso ha llegado a autoidentificarse con el activismo de numerosas organizaciones no gubernamentales. La sociedad civil tiene que ser un concepto mucho más amplio y representativo, e idealmente capaz de articular algunos mínimos objetivos en común. Los partidos políticos son un reflejo del divisionismo, expresiones de estrechos intereses particulares y personales. En la cacofonía, el sistema se cementa y prospera.

Se le ha apostado al cambio incremental endógeno; la capacidad del propio sistema de generar mejoras graduales por la vía de la institucionalidad democrática. Dos conceptos teóricamente contrarios, convergen para explicar la dirección institucional actual. Deriva institucional ocurre cuando las instituciones o políticas se mantienen deliberadamente inmóviles mientras su contexto se mueve de manera que altera sus efectos. Conversión se da cuando los actores políticos son capaces de redirigir instituciones o políticas hacia propósitos que difieren de su intención original.

La interrupción de la dependencia de ruta puede surgir por alguna coyuntura crítica, un evento o situación que abre una ventana de oportunidad en la que “los actores enfrentan un rango más amplio de opciones factibles durante un breve período de tiempo y sus acciones pueden tener impacto significativo hacia el futuro”. Viene a la mente la caída de Serrano Elías o Pérez Molina. Un problema de esperar coyunturas críticas es que es impredecible la dirección que tomarán.

Hay cierto hastío; la aclamada división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el marco de un orden constitucional republicano y democrático, no está siendo suficiente para sanar el sistema. El Congreso vota por un paquete para gastar millardos en infraestructura; cierto o no, la opinión pública percibe que es un negocio turbio. Se está en camino a tres años sin poder renovar la CSJ, al Ejecutivo le está entrando la noche, sin dirección clara. Aun así, persiste la esperanza.