No son solo los diputados los corruptos, es todo el sistema. Esta semana se develó un nuevo caso de corrupción, ahora sobre la supuesta compra de la voluntad de un grupo de diputados por parte de la vicepresidenta Roxana Baldetti, con la supuesta complicidad y fondos de una empresa. Este caso es un buen ejemplo de por qué es necesario cambiar el sistema, ya que, en el actual, los incentivos están puestos para que campee la corrupción.

No voy a entrar a los detalles de esta acusación, los que deberán probarse más adelante en los tribunales, pero sí quiero analizar cuál es el fondo del problema y cómo se refleja en este caso. De primero lo primero. El meollo del asunto y el verdadero origen de la corrupción radica en el poder discrecional que tienen los funcionarios públicos para otorgar prebendas, privilegios, contratos sobrevalorados, dinero no ganado, permisos y otra serie de beneficios a quienes ellos deseen, que generalmente son sus amigos, familiares, compañeros y socios; cómplices todos en apropiarse indebidamente de los recursos de los tributarios, gracias a ese poder discrecional. Mientras no entendamos que ese es el origen de la corrupción, nunca se podrá combatir y se le buscará curar con la medicina equivocada.

Luego hay que aclarar que en Guatemala no vivimos bajo un verdadero sistema republicano, sino más bien es una mezcla de democracia con un sistema benefactor-mercantilista, lo que se refleja por todos lados en este caso. ¿Por qué le interesaría a alguien querer “comprar” la voluntad de un diputado? Pues porque tiene el poder para concederle todo lo que ya mencioné en el párrafo anterior. Por nada más. No es por su linda cara ni por vanagloriarse de que tiene un diputado a sus pies. Si no tuvieran el poder para conceder esos favores, nadie los buscaría para obtenerlos.

Luego está la supeditación de la bancada oficial al Ejecutivo —que es lo que se menciona como captura del Estado—. Hay que hacer la salvedad de que, en la mayoría de los países, la “bancada oficial” generalmente está alineada con el Ejecutivo que, por definición, está controlado por el mismo partido, como lo podemos ver hasta en Estados Unidos. La diferencia principal con nuestro sistema es que, en aquel, tanto los representantes como los senadores son electos directamente por la ciudadanía, lo que los hace responsables en primera instancia a sus votantes y luego a su partido, mientras que en nuestro sistema los ciudadanos estamos obligados a votar por un partido y no directamente por un representante (diputado) y, por tanto, los diputados están supeditados a las órdenes de los dueños de los partidos —que era lo que hacía Baldetti— y no a sus votantes, ni mucho menos a sus conciencias.

Lo irónico de este tema es que algunos hicieron tanta alharaca de las reformas a la LEPP de 2016, pero algunas de estas no hicieron más que profundizar todavía más el poder de los “dueños de los partidos” sobre los diputados, alejándolos más aún de la responsabilidad ante los votantes. Ahora es todavía peor que en el tiempo de Baldetti: si los diputados no obedecen todas las órdenes de los dueños de los partidos están condenados al ostracismo. Ahora ya ni siquiera se tienen que molestar en “comprarlos”, les basta ordenar. Lo que implica que ahora se ha concentrado todavía más el poder en los dueños de los partidos, quienes ahora tendrán todavía más incentivos para “vender” el acceso al poder.

Así que no le extrañe que estas cosas sigan pasando y volverán a pasar en la próxima legislatura, por las mismas razones. Si no entendemos el problema, no lo podremos resolver. La solución pasa por ponerle límites al poder discrecional de los funcionarios y elegir directamente a los representantes.