El pronunciamiento de la OEA no pudo ser más oportuno y contundente sobre lo que está ocurriendo en Guatemala. El pasado miércoles, 20 países respaldaron la resolución que denuncia los intentos del Ministerio Público (MP) para desacreditar a Bernardo Arévalo e impedir su toma de posesión en enero próximo. El rechazo del canciller guatemalteco a ese comunicado evidenciaría la componenda entre el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, en las acciones que socavan el proceso democrático. Tal situación fue desenmascarada por Frank Mora, representante de EE. UU. en la OEA, quien cuestionó el argumento que ha dado Giammattei sobre la separación de poderes para justificar la inacción contra los abusos del MP. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que “el problema es claro, evidente e indisimulable”, al referirse a los montajes que Porras ha ejecutado contra el presidente electo, el Movimiento Semilla y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Dicho y hecho. Un día después de conocerse la postura de la OEA, Porras lanzó una cacería contra profesores, estudiantes y dirigentes políticos que supuestamente habrían estado involucrados en la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos. Este caso buscaría desarticular la oposición académica y estudiantil en la Usac, pero también conlleva otro trasfondo político. Primero, deslegitimar la toma de esa casa de estudios en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector, porque, según el MP, esa acción fue una plataforma electoral para los partidos Semilla, Vos y MLP. Segundo, porque Porras utilizaría esta estratagema para justificar los antejuicios contra Arévalo y Karin Herrera para evitar que asuman la Presidencia y Vicepresidencia. ¿Cuáles son las pruebas en su contra? En el caso de Arévalo, mensajes que publicó en la red social X; en el caso de Herrera, una imagen donde ella aparece con los brazos cruzados en el campus universitario.

¿Emitir opiniones en la web o aparecer en una imagen en forma pasiva son evidencias de acciones ilícitas que ameriten un antejuicio? ¿Y la libertad de expresión y de movilización dónde quedan? Es obvio el carácter espurio de este caso, pero es lo último que le queda a Consuelo Porras que no ha logrado articular algo de peso para evitar la toma de posesión. En su desesperación para cumplirle a Giammattei ha optado por un espectáculo deprimente y a todas luces sin sentido. ¿Qué pasó? Tanto operativo contra las elecciones, que incluyó el secuestro de papeletas, allanamientos del TSE y peticiones absurdas de informes electorales no han logrado demostrar el supuesto fraude, que solo existe en sus desquiciadas cabezas. Para esta burda escena no utiliza al fiscal Rafael Curruchiche, a quien estaría reservando para otro momento, ahora recurre a otros fiscales para enderezar el golpe de Estado. De esa manera cobra sentido la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema, quienes tendrían que demostrar su lealtad con el despojo de la inmunidad a Arévalo y Herrera.

La estocada final también incluye retirar la inmunidad a los magistrados del TSE y al vicepresidente Guillermo Castillo, porque no se han plegado a los intereses de Giammattei, además de que su salida formaría parte del paquete golpista. La eventual captura de los magistrados del TSE podría incluir la cooptación total de ese organismo con el arribo de magistrados dóciles que acuerpen el golpe contra Arévalo y Herrera. Estas acciones llegarían en momentos en que Giammattei y su alianza criminal creen que el movimiento de protesta está cansado y no podrá estructurar una respuesta coherente. Craso error. Estamos en un momento crucial de nuestra historia: dejamos que acaben con nuestra democracia o el movimiento ciudadano resurge con fuerza para defenderla.