Los sistemas jurídicos occidentales, entre los cuales está el nuestro, reconoce como límite de la libertad la ley. Todos podemos hacer lo que no está prohibido. La ley solo puede ocuparse de aquellos asuntos perjudiciales para la sociedad. La ley es una decisión política y la decisión política más trascendental se llama Constitución, cuyo texto enmarca el régimen legal sobre el cual nos debemos desarrollar y por eso el derecho a la familia se reconoce como un derecho social.

La familia guatemalteca se encuentra en franca crisis, primero, la migración es un factor social de desintegración, el 20% de los guatemaltecos están en Estados Unidos; segundo, solo el año pasado nacieron 700 mil niños cuyas madres oscilan entre 10 y 19 años, este dato ejemplifica la frustración escolar de cientos de miles de mujeres; tercero, no existen proyectos sociales exitosos para dar seguimiento a niños nacidos de niñas, muchas veces las niñas violadas en el seno de su hogar luego de parir son devueltas al mismo lugar en donde de nuevo es violada, así no es ver niñas de 12 o 13 años sean madres por segunda vez al cumplir los 15 o 16 (el padre de la criatura es casi siempre del círculo cercano); cuarto, con la pandemia las madres no tienen escuelas para sus hijos, así los niños quedan en resguardo de terceros, o bien, las madres dejaron de trabajar; quinto, la paternidad responsable no es la regla, y cuando existe los tribunales de Familia son los primeros en mostrar hostilidad hacia ella; sexto, la gran cantidad de adopciones nulas, producidas por delitos cometidos desde las más altas esferas de gobierno, ni siquiera ocupan la atención social, el robo o regalo de niños se normalizó en una sociedad enferma; y por último las reglas legales familiares del país datan de 1963, es absurdo no reconocer los grandes cambios existentes en casi 60 años, además el delito de trata de personas no es prioridad ni para el Organismo Ejecutivo y el Ministerio Público.

Así las cosas, nuestros legisladores tienen mucha tarea para establecer normas de protección a la familia, pero en cambio adoptan discursos de ataque sistémico a quienes se manifiestan como transexuales, lesbianas, bisexuales o gais. En este ambiente legislar en contra de la libertad sexual se traduce como sinónimo de “protección a la familia”, lo cual es una soberana estupidez, en cualquier familia hay transexuales, gais, lesbianas y bisexuales, con los mismos derechos que todos y ninguna ley podrá cambiar realidades. Mientras en otros países se producen procesos de inclusión y respeto, hasta en esto nos mostramos intolerantes, ignorantes y excluyentes.

La libertad sexual, nos guste o no, es la manifestación más íntima de la libertad, cada quien la puede vivir como se le dé la gana. Algunos la vivirán en reserva y otros la harán pública, eso es también parte de la libertad, lo que no se vale es adoptar discursos discriminatorios para congraciarse con grupos de poder utilizando a Cristo para la cooptación de instituciones o para lavar dinero u otros activos, como quedó evidenciado.

En pleno siglo 21 adoptar discursos del siglo XV y vestirse de Torquemada para condenar la sexualidad de otros mientras la familia se encuentra desatendida por falta de interés a sus necesidades fundamentales es un show populista y mediocre para quedar bien con montones de gente con pánico a la libertad ajena.

Sabemos de estos discursos tipo Bolsonaro son aplaudidos por quienes conciben al Estado como el gran represor, pero la historia demuestra con creces como jamás restringir las libertades es una buena receta para la paz.