Cuando el nivel de aprobación de un gobernante se reduce hasta índices tan bajos como el 6 por ciento alcanzado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el restante 94 por ciento debe interpretarse como un franco rechazo a su administración. Esto lo entiende cualquier lego. Sin embargo, la tozudez de este empresario —cuyo afán de aferrarse al mando denota su ambición desmedida por el poder— mantiene a ese país en un constante estado de emergencia, paralizado por las protestas en las cuales se pueden observar reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población con total impunidad por las fuerzas policiales.

En el escenario mundial, la contundencia de las manifestaciones ciudadanas a todo lo largo de Chile ha despertado una enorme ola de solidaridad con ese pueblo. Por primera vez en su historia, la población ha llegado a constituirse como un cuerpo sólido integrado por habitantes de todos los sectores, capaz de poner en jaque al más depredador de los sistemas económicos —el neoliberalismo— y haciendo tambalear el poder hegemónico de los círculos de poder al plantarse de frente contra sus abusos. El estado de total negación de Piñera, por lo tanto, constituye una trasgresión contra las bases mismas del sistema democrático al transformar el suyo en un régimen similar a la dictadura pinochetista, con desapariciones forzadas, asesinatos y secuestros a mansalva.

El caso no es único. También el presidente francés, la actual dictadura boliviana y la administración autoritaria y de extrema derecha de Brasil, entre otros, se encuentran arrinconados con un mínimo porcentaje de aprobación, del mismo modo como otros mandatarios cuyas prioridades se alejan de los intereses de la ciudadanía para proteger los de las clases dominantes y las grandes multinacionales. Lo que está en juego, entonces, es la supervivencia de los Estados democráticos, asediados desde hace mucho por una especie de súper gobierno ejercido por la cúpula económica mundial bajo la sombrilla siempre alerta del Departamento de Estado.

El mayor peligro de este sistema depredador es la pérdida progresiva del poder ciudadano. Es decir, los sistemas se han modificado con el propósito de garantizar beneficios a sectores poderosos por medio de una legislación ad hoc cuyo objetivo es reducir las posibilidades de participación de las grandes mayorías en las políticas públicas; uno de los más importantes espacios en donde se aplican estas tácticas es la privación de acceso a educación de calidad y a servicios básicos, dado que en una ciudadanía informada y activa reside el mayor peligro para los planes hegemónicos de los grupos de poder. Por el contrario, una población reducida a la supervivencia jamás tendrá la energía ni el tiempo necesarios para ocupar el lugar que le corresponde en los asuntos públicos.

El caso de Chile se eleva como un ejemplo de cómo los abusos de poder logran sacar al pueblo de un estado de apatía para transformarlo en un fuerte protagonista en los asuntos que le competen. Es preciso resaltar el papel fundamental de la juventud chilena, cuya fortaleza y perseverancia ha sido capaz de poner en jaque al poderoso sistema que a lo largo de los años le ha ido quitando espacios de participación para mantener un estatus orientado a satisfacer intereses corporativos y guetos políticos contrarios a las más importantes iniciativas de desarrollo social. Otras naciones en similares circunstancias ven hacia el sur como un espejo en donde aspiran reflejarse.