A partir de la apertura democrática en Guatemala en 1984, decidí escribir semanalmente en Prensa Libre los acontecimientos económicos que ocurrían.

En esta ocasión, me referiré a la economía durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, quien fungió como presidente constitucional durante los años 1993-1995, y 14 días del mes de enero de 1996.

En ese gobierno publiqué 135 artículos, semanalmente a lo largo del período presidencial, los cuales se compilaron en un reciente libro de 227 páginas. Fue un gobierno de transición, derivado del retiro del cargo del presidente Jorge Serrano Elías, y si bien fue un nombramiento formal de presidente constitucional, en cierta manera fue un interinato para completar el período presidencial de cinco años establecido en la Carta Magna.

De León Carpio ocupaba el cargo de procurador de los Derechos Humanos, y su nombramiento como presidente fue muy rápido, el 6 de junio de 1993, a tal punto que antes de tomar posesión tuvo que ir a la barbería. Esto me lo contó él mismo ese día.

Después de nombrar los ministros de Estado, presentó el Plan de los Ciento Ochenta Días, que había sido elaborado por el nuevo gobierno a su cargo, y en el que destacaba el Fondo de Inversión Social, así como la propuesta que había hecho para eliminar los gastos confidenciales, en especial los de la Presidencia.

Analicé el Plan de los Ciento Ochenta Días en el mes de julio de ese año. Y en el mes siguiente, en agosto, el aspecto más sobresaliente fue el planteamiento del Referéndum Económico y Político, que el nuevo gobierno había decido llevar adelante, con el fin de conseguir la voluntad popular en las urnas para la realización de cambios políticos, judiciales y económicos en el Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia.

Derivado de las negociaciones de la paz, publiqué varios artículos al respecto. El presidente nombró a una persona para continuar las negociones de la paz con la guerrilla, ante la disolución de la comisión que integraban los negociadores nombrados por el presidente Jorge Serrano Elías.

A principios de 1994 se realizó la Consulta Popular, con una serie de preguntas en las que si ganaba el No, nada quedaba aprobado. Y si ganaba el Sí, todo quedaba aprobado. Ganó el Sí. Uno de los aspectos más destacados de esta consulta fue la prohibición al Banco de Guatemala de conceder financiamiento al gobierno central, y demás dependencias estatales. Solo quedó una excepción, para casos de catástrofes públicas. Esto fue lo que permitió otorgar financiamiento al Ministerio de Finanzas para combatir la pandemia del Coronavirus y otorgar ayudas que se seleccionaron.

En el aspecto fiscal, se adoptaron medidas importantes, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días, como se verá más adelante.

Se adoptaron medidas parciales para resolver el problema eléctrico

Ya en 1995, se aprobó el controvertido impuesto sobre activos netos, el cual se ha mantenido hasta hoy en día.

Las tasas de interés por primera vez quedaron libres, y los bancos y el público tuvieron que aprender cómo iba a ser su administración.

Este año también se derogó la ley que permitía al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Bancos intervenir a bancos con problema, y a financiar tales bancos tratando de defender a los ahorrantes. Denominé a esta ley, en esta columna, El Frankenstein de los Bancos, porque no se sabía dónde iban a terminar las intervenciones bancarias.