A partir de la apertura democrática en Guatemala en 1984, decidí escribir semanalmente en Prensa Libre los acontecimientos económicos que ocurrían durante los períodos de los distintos gobiernos. De esa manera, publiqué, ahora ya convertidos en libros, la colección Economía para todos de los siguientes mandatarios: Óscar Mejía Víctores, Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú.

En esta ocasión, me referiré a la economía durante el gobierno de Álvaro Arzú, quien fungió como presidente constitucional durante los años 1996-1999, y 14 días del mes de enero del 2000. En ese gobierno publiqué 154 artículos los días miércoles a lo largo del período presidencial, los cuales se compilaron en un reciente libro de 228 páginas. En lo político, el gobierno de Arzú tuvo su mayor éxito con la firma de los Acuerdos de Paz, el 29 de diciembre de 1996. Fueron muy importantes las negociaciones en directo entre el gobierno de Arzú y la organización guerrillera denominada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El gobierno de Arzú fue un parteaguas en la economía guatemalteca. Con anterioridad, la presencia del Estado era muy fuerte y manejaba empresas importantes, recuerdo que era en número 33 de lo más variado. Tres de ellas, Banco de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Universidad de San Carlos de Guatemala tenían monopolio en sus actividades. La Usac solo era monopolio de la única universidad financiada por el Estado. Las tres instituciones tenían rango constitucional, por lo cual no podían ser privatizadas.

Entre las otras 30, las principales eran la Empresa de Telecomunicaciones (Guatel) y su heredera Telgua, la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde). Otras empresas, también de envergadura: los Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Correos de Guatemala y dependencias del Ministerio de Agricultura. Algunas de las leyes que se emitieron fueron la Ley de Cielos Abiertos, oficialmente denominada Ley de Aviación; la Ley de Telecomunicaciones; la de Electricidad.

Fue muy exitosa la Ley de Telecomunicaciones, que permitió el desarrollo de la telefonía móvil, y enterró la costumbre anterior de solicitar número telefónico al nacer, y aun así a los 18 años no se obtenía. También fue exitosa la Ley de Electricidad, que quizás no se perciba tanto como la telefonía móvil, pero permitió que en vez de tener apagones, por falta de producción eléctrica ahora se tiene capacidad instalada para producir el doble de lo que se consume de energía, y se exporta electricidad a El Salvador. Al haberse diversificado la producción de electricidad, ahora se tiene productores adicionales a Chixoy, tales como productores hidráulicos particulares, energía eólica, energía solar, geotérmica, carbón y cogeneración con bagazo de caña de los ingenios. La molestia de quienes se opusieron a la privatización en parte era porque estaban acostumbrados a que el Estado actuara como empresario, y en general quienes también estaban acostumbrados a vivir el principio de solidaridad, que hace que el Estado tenga presencia fuerte. Sin embargo, el principio de subsidiariedad, que es el que se aplicó en las privatizaciones, hace que quien está debajo del Estado pueda hacer todo lo que la ley no prohíbe.

La privatización de las oficinas de Correos resultó catastrófica, porque los siguientes gobiernos no dieron seguimiento a esta actividad.

De interés también fue la construcción y buen mantenimiento de las carreteras. La carretera Palín-Escuintla es la única que en 25 años se ha mantenido en buen estado.

El siguiente gobierno recibió la caja fiscal rebosante, llena por el dinero obtenido de las privatizaciones.