No es casualidad que Virginia Laparra Rivas, Claudia González Orellana y Jose Rubén Zamora Marroquín se encuentren privados de libertad, sometidos a un régimen de aislamiento en el que se les permite salir a tomar el sol solamente una hora al día y enfrentando procesos penales plagados de inconsistencias.

Tampoco es casualidad que sus casos estén basados en denuncias espurias, que los jueces que conocen las causas hayan dado por válidas prácticamente todas las peticiones del Ministerio Público (MP) y rechazado casi todos los argumentos y recursos de la defensa; y/o que la fiscalía les invente nuevos delitos para alargar hasta el infinito su privación de libertad.

Por supuesto que no es coincidencia que sea la Feci de Rafael Curruchiche la que lidere la persecución penal en su contra; que se repitan los denunciantes y querellantes adhesivos, o que sus expedientes hayan “caído” en manos de los jueces “predilectos” del MP. Todo tiene una lógica: garantizar las órdenes de captura, mantener la reserva de los casos por el mayor tiempo posible y que bajo ninguna circunstancia se les otorgaran medidas sustitutivas y fueran directo a prisión.

Esa es la estrategia que María Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, les aplicó para cumplir con los deseos del Pacto de Corruptos de perseguir a quienes han jugado un papel determinante en contra del sistema de corrupción e impunidad que prevalece en el país. La criminalización —que no es otra cosa que el uso malicioso del Derecho Penal para castigar a opositores— es el sello distintivo de la dupla Porras-Curruchiche, aunque ahora hay que agregar también la “marca” de golpistas.

¿Pero por qué el ensañamiento en contra del periodista Jose Rubén Zamora, la abogada Claudia González y la exfiscal Virginia Laparra? En primer lugar porque los tres, desde distintos ámbitos, enfrentaron sin miramientos a las estructuras corruptas y criminales que tienen capturada a Guatemala. En segundo, porque su liderazgo fue clave para denunciar, investigar y llevar ante la justicia a personajes vinculados a los poderes político, económico y militar que siempre fueron “intocables”; y en tercero, porque castigarles supone un mensaje muy fuerte y ejemplificante para los demás: “lo mismo les puede pasar a ustedes”.

Las investigaciones y publicaciones de elPeriódico, medio que Zamora presidía, que develaron tramas de corrupción en las más altas esferas de los distintos gobiernos y visibilizaron el modus operandi de las redes político-económico ilícitas y la forma en que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad cometieron todo tipo de delitos, tienen desde hace más de 450 días preso a Jose Rubén.

Los casos que investigó y judicializó como mandataria de la Cicig —en concreto el de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Aída Stalling Dávila— y su incansable y valiente trabajo como defensora de exoperadores de justicia criminalizados por el MP, son los motivos por los que Claudia González está encarcelada. Lo que ocasionó su persecución es la venganza y cumple un doble objetivo: castigarla y dejar a sus colegas en la indefensión.

Los casos en contra de Virginia Laparra también son motivados por su trabajo como exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango. Especialmente las denuncias administrativas que planteó en contra del exjuez Lesther Castellanos, paradójicamente nombrado después por el Congreso como relator contra la tortura. Virginia, a quien Amnistía Internacional declaró presa de conciencia, está en prisión desde febrero del 2022 por hacer su trabajo.

Sus casos ejemplifican cómo el MP se ha convertido en el verdugo de periodistas y operadores de justicia en Guatemala. ¡Libertad para Claudia, Virginia y Jose Rubén!