Al enfrentarnos a escribir una columna, en ocasiones nos topamos con obstáculos propios o externos. Los conflictos de interés, de conciencia, nuestra perspectiva o ideología, irrumpen para evitar tocar temas, o bien, para subrayarlos; sin embargo, también hay sentimientos y pasiones. Estas líneas están redactadas con un dejo de tristeza y melancolía.

Viví siendo adolescente la ilusión de mi padre, Alfredo Balsells Tojo, cuando, junto con otros de sus colegas, propuso en las Jornadas Constitucionales realizadas por el Colegio de Abogados para coadyuvar en el debate de nuestra nueva constitución, la adopción del procurador de los derechos humanos (PDH). La idea fue crear un órgano que, como su nombre lo indica, procurara hacer girar la administración pública en función de los derechos humanos y así superar un oprobioso pasado.

Nuestra Constitución es de suma importancia histórica, pues por primera vez un mismo texto permite el traspaso de gobiernos civiles por medio de elecciones por tanto tiempo, además de privilegiar, dado nuestro pasado reciente, la batalla para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. En el preámbulo los constituyentes dijeron estar “decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho”.

Estoy seguro de cómo nuestro maniqueísmo, entendido tal como lo define el Diccionario, como la tendencia para reducir la realidad entre lo bueno y malo, nos dificulta ver un poco más a largo plazo, lo cual debemos vencer.

El abogado Alejandro Córdova fue electo por el Congreso como procurador de los Derechos Humanos. En un régimen republicano e institucional poco deberían importar los nombres de quienes ocupan los cargos porque las competencias y funciones están establecidas por la Constitución y la ley.

El PDH es un órgano unipersonal y se le conoce también como magistrado de conciencia porque sus resoluciones no se ejecutan como las de un tribunal, sino él promueve lo necesario para lograr respuestas del sistema. Sobresalen entre sus funciones: “promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa, en materia de Derechos Humanos e investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas”.

Nueve personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas en un concierto en Quetzaltenango durante las celebraciones de nuestra independencia. Un concierto con más de 15 mil asistentes en el cual había un pésimo monitoreo de seguridad y de emergencia. El Ministerio de Cultura, la PNC, Gobernación Departamental, la Municipalidad (con un alcalde irresponsable que no tiene ni idea de lo absurdo de sus declaraciones al señalar que quien acude a un evento de esta clase lo hace por su cuenta y riesgo) y las empresas organizadoras tienen, por lo menos, algo que explicar de manera institucional; sin embargo, el procurador guarda un hermetismo profundo y sacó un comunicado que no dice nada.

Todos, pero sobre todo quienes tenemos hijos, quedamos más que preocupados cuando una tragedia de esta magnitud se produce y la primera institución que debe estar junto a las víctimas evade su obligación. En diciembre se realizará en la ciudad de Guatemala el concierto de Bad Bunny y se esperan decenas de miles de asistentes, entre quienes está uno de mis hijos e hijos de muchos más. ¿Podremos estar tranquilos?

Todo esto viene a la mente cuando constatamos cómo una linda institución, diseñada para la defensa de los derechos humanos, no se conmueve ni con la muerte producida por desidia de las autoridades… Más que tristeza da cólera en un país que se jacta de ser Provida. El PDH aún tiene tiempo de rectificar. Esperemos que lo haga.