La alianza oficialista, encabezada por el presidente Alejandro Giammattei, logró el control de la Corte de Constitucionalidad. En una forma burda, el Pacto de Corruptos ha conseguido poner al máximo tribunal del país a sus pies. Claro, ellos celebran su hazaña, la cual significa un grave retroceso en la institucionalidad del país porque la CC estará despojada de independencia frente a los organismos del Estado. De esta forma, ese pacto espurio controla los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ha cerrado el cerco sobre el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación y el Tribunal Supremo Electoral, que siguen sus órdenes. Lejos están los ofrecimientos del mandatario de respetar la institucionalidad, porque ahora se ha convertido prácticamente en el jefe de la banda.

Giammattei utilizó buses del Ministerio de Ambiente para acarrear abogados que trabajan en el Estado, con el fin de inclinar la balanza en la votación del Colegio de Abogados a favor de Nester Vásquez, lo cual constituyó una abierta intromisión en ese proceso. A Vásquez se le vincula con el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y con Roberto López Villatoro, el Rey del tenis, un operador en las comisiones de postulación. Asimismo, Vásquez estaría involucrado con Gustavo Alejos en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El presidente está detrás de la votación del Congreso para reelegir a Dina Ochoa como magistrada de la CC. Ochoa se caracterizó por plegarse a los intereses del expresidente Jimmy Morales, al grado de que acompañó al exministro de Gobernación Enrique Degenhart para la aprobación del Acuerdo de Tercer País Seguro y habría prometido presionar a otros magistrados de la CC para acuerpar ese convenio. Su elección solo evidencia que ha estado al servicio de intereses oscuros, como fueron sus votos en la CC contra la permanencia de la Cicig en el país.

Haciendo gala de total opacidad, Giammattei impuso a su secretaria general, Leyla Lemus, como magistrada titular de la CC, con lo que se asegura una correa de transmisión directa en esa corte. Lemus tiene vínculos con la empresa Nipro Medical, a la cual habría intentado favorecer con adjudicaciones en el IGSS. También sería artífice de la sumisión de la Contraloría General a los intereses de esa farmacéutica y del gobierno de Giammattei. La Feci investigó un supuesto complot, encabezado por Lemus, para destituir al presidente del IGSS por no plegarse a la farmacéutica. Sin embargo, una llamada de Giammattei a la fiscal general, Consuelo Porras, hizo que el caso pasara a otra fiscalía, que ya no le dio seguimiento.

La CSJ, cuya mayoría de magistrados responde a intereses del Pacto de Corruptos, hizo su trabajo al reelegir a Roberto Molina Barreto para un nuevo período como magistrado titular de la CC. Una foto publicada por el diario La Hora el 5 de marzo es más que elocuente: se observa a Molina Barreto a la par de Zury Ríos y atrás de ellos a Luis Rosales, designado magistrado suplente por el Congreso. Precisamente la razón de estos dos personajes políticos es lograr la próxima inscripción presidencial de Ríos, pese a ser inconstitucional.

Como se ve, el pacto espurio copó cinco magistraturas en la CC, con lo que Gloria Porras, elegida por la Usac, queda aislada. Esa alianza ha logrado alinear a su favor a los organismos de control y contrapeso en el Estado, lo cual constituye una verdadera aberración porque pierden su razón de ser. Al respecto, el senador estadounidense Patrick Leahy expresó: “Si los magistrados son reemplazados por compinches de otras ramas del gobierno, se perderá cualquier apariencia de un sistema de justicia creíble”. Esa es la cruda realidad de este país, que está bajo la sombra de la corrupción y la impunidad desde los más altos organismos del Estado.