El Ministerio Público (MP) tiró su última carta. El viernes 8 de diciembre, en ausencia de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, el secretario general Ángel Pineda Ávila y los fiscales de la Feci, Rafael Curruchiche Cucul y Leonor Morales Lazo presentaron el “caso” sobre las supuestas ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso electoral 2023.

Los argumentos son insostenibles como en la mayoría de los procesos que la Fiscalía ha enderezado para criminalizar a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos y como en la mal llamada acusación ‘Usac, botín político’, y tienen un solo objetivo: impedir que el binomio electo del partido Movimiento Semilla asuma la presidencia el próximo 14 de enero. Así lo declaró Curruchiche al responder a una de las preguntas en la rueda de prensa: “Básicamente esta investigación es de todo el proceso electoral y, por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista, debería anularse”. Así nomás, sin rodeos, porque eso es lo que quieren.

Al final del día quedó claro que decidieron fabricar un caso y manipularon los hechos y los datos para lograrlo. Ejemplos sobran pero uno, señalado por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, es sumamente ilustrativo: Se acusa a Semilla, y en particular a Bernardo Arévalo, del delito de lavado de dinero. Ese delito se basa en el presupuesto del origen ilícito de los fondos, pero los mismos fiscales presentaron un documento que prueba su origen lícito: un contrato de mutuo, un préstamo, que un particular suscribió con Semilla para pagar una multa que le impusieron. “La persona que hizo el préstamo declaró el origen de los fondos e hizo el registro de las transferencias de los bancos involucrados”, explica Sandoval.

Ese punto y la insistencia de calificar al partido Movimiento Semilla como una “organización criminal” para justificar que sea la Feci la que lleve el caso y no las fiscalías que atienden los temas electorales o de delitos administrativos —como sucede con los expedientes de otros partidos políticos— es toda una revelación.

Pero el “hallazgo” de que los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) no coinciden con los documentos 4 (actas finales de cierre y escrutinios de las Juntas Receptoras de Votos) se lleva el premio al retorcimiento de la verdad. Subrayemos: “preliminares”. La politóloga especialista en temas electorales, Celia Luna, lo explica con claridad: “este sistema no es vinculante, es una proyección de los resultados y no los resultados en sí mismos”. Es decir, no puede haber una coincidencia y mucho menos configurar delito el que las actas 4 y los resultados preliminares que da el Trep no concuerden en su totalidad.

Podríamos seguir enumerando las inconsistencias en la acusación del MP pero la misma Fiscalía sabe que el “caso” no se sostiene. Porque esto no es jurídico ni legal, sino la vía que el Pacto de Golpistas encontró para intentar sabotear la voluntad del pueblo expresada en las urnas y evitar que Bernardo Arévalo se convierta en presidente.

Resulta ingenuo pensar, como dice el exembajador Stephen McFarland, que dada la fragilidad y lo risible de las “pruebas”, el golpe es un fracaso. “Los argumentos presentados son lo mejor que pudieron encontrar, lo cual quiere decir que están desesperados. Pero los desesperados cuando están arrinconados, siguen siendo peligrosos y por eso hay que tomar muy en serio esta amenaza de golpe”.

No hay mucho más para agregar. Se vienen los días más complejos porque la pelota está en la cancha del Congreso (que debe elegir magistrados suplentes del TSE) y en la de un sistema de justicia cooptado. Habrá que redoblar, fortalecer la movilización y las acciones de legítima resistencia para defender la democracia.