“El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República”, dice el artículo 153 constitucional, y el 154 es más claro al disponer: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.
La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución”. En un Estado democrático, el poder se alcanza por elecciones y periódicamente los ciudadanos somos convocados para elegir a nuestros representantes; sin embargo, nuestro país no acepta candidaturas independientes. Por ello, quien desea postularse necesita de un partido político. Los partidos políticos son “instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida… configuran el carácter democrático del régimen político del Estado”, dice en su parte central el artículo 18 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Es bueno repasar estos preceptos porque ayer, martes, el diario elPeriódico publicó un reportaje titulado Partido Todos infiltrado por el narco. En este esfuerzo periodístico a cargo de su equipo de investigación se evidencia cómo el dinero del narcotráfico ingresó a financiar actividades de la agrupación, pero sobre todo cómo los ciudadanos Dieter y Johann Gehlert buscaban su derecho de antejuicio al pretender ser candidatos del partido, uno al Congreso y otro al Parlamento Centroamericano. También se recuerda que el diputado José Armando Ubico Aguilar fue condenado en 2003 a 46 meses de prisión, luego de declararse culpable por ingresar a los Estados Unidos al menos un kilogramo de heroína y ahora es representante de Sacatepéquez. A lo publicado debemos sumarle también el vínculo directo que tiene la UCN también con distintos personajes vinculados al narco, en especial el dueño de la organización, Mario Estrada, confeso en EE. UU. y condenado, pero lo más grave es cómo este personaje pretendía regresar a los tiempos de la violencia política conspirando para asesinar a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Oscar Schaad. Reportajes como el que ayer publicó elPeriódico, sin que causen mayor reacción ciudadana, constituyen un excelente ejemplo de por qué estamos castrados y conformados a convivir junto al crimen y el narco, como un destino aceptado sin chistar.

Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo fungen en los cargos más importantes de este país desde hace un poco más de dos años, y no podemos tolerar que tanto la UCN como el partido Todos sean parte fundamental de la alianza oficial, porque, aunque el presidente y el vicepresidente no tengan vínculo directo con estas organizaciones, es evidente que ambos partidos buscan, persiguen, procuran y deciden en torno a cómo garantizar márgenes de impunidad, por sus claros vínculos con la delincuencia organizada. Hablar de construcción democrática, de fortalecimiento institucional de la República, de una justicia para un Estado Constitucional de Derecho o de políticas sociales para generar verdadera movilidad social es una auténtica farsa, mientras partidos vinculados con la delincuencia transnacional y organizada sigan mandando abiertamente en el Congreso y, sobre todo, dentro de alianzas oficiales. La responsabilidad penal es personalísima, la responsabilidad política no, y por eso quienes gobiernan deben asegurar la igualdad ante la ley. Quienes aún creemos que Guatemala tiene un futuro, exijamos a las autoridades dejar de formar alianza con grupos vinculados con actividades abiertamente criminales, y si consideramos esto como una exigencia de “chairos” o “fachos”, solo estaremos decidiendo un suicidio colectivo porque es estúpido tapar el sol con un dedo.