Punto de encuentro
El MP redobla la apuesta
Nuevos “casos” que no se sostienen ni con alfileres.
Fiel a su mandato —que no es el que establece la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP)—, María Consuelo Porras Argueta, Rafael Curruchiche Cucul y la rosca de poder de Gerona redoblaron la apuesta. La semana pasada desataron de nuevo la estrategia de persecución —con casos fabricados— en contra del superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, el colega Juan Luis Font Monzón y la exjueza Erika Aifán Dávila, ambos exiliados.
Así funciona el MP: el denunciante termina procesado y el delincuente, liberado.
Acusar al jefe de la SAT —temporalmente de licencia— tiene una doble intención: castigar la osadía que a ojos del MP cometió el funcionario al denunciar a 410 empresas vinculadas al fraude tributario más grande en la historia del país —Q517 millones, alrededor de US$69 millones— y proteger, garantizando la impunidad, a quienes cometieron los delitos. Así funciona la Fiscalía desde que Porras Argueta la dirige. El denunciante termina procesado y el delincuente, liberado.
La misma dinámica que hemos observado en “casos” como el de la abogada Claudia González Orellana, la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, el exjuez Carlos Ruano y los fiscales Eduardo Pantaleón y Stuardo Campo —que sigue en prisión arbitraria—, por citar algunos ejemplos.
Aunque Curruchiche intentó —en el galimatías que le es propio— negar que el allanamiento en las oficinas de la firma de auditoría —propiedad de los hermanos del superintendente Díaz— tuviera relación con el caso de defraudación que él develó, las oportunas preguntas de los periodistas lo hicieron resbalar y tuvo que admitir que los denunciantes son personas relacionadas con algunas empresas que habrían defraudado al fisco. Lo mismo que ocurrió durante el allanamiento a la sede del TSE —cuando secuestraron las cajas con los votos— y afirmó que un “ciudadano anónimo” había puesto una denuncia alertando de un supuesto fraude electoral. Luego nos enteramos que el ciudadano no era tan anónimo y que milita activamente en la organización de ultraderecha Guatemala Inmortal.
Pero el caso contra Díaz Reyes tiene además un mensaje implícito: funcionario que se atreva a denunciar la corrupción en contra de Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y otros socios del Pacto, correrá la misma suerte.
Antes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) había conseguido una resolución de su socio el juez Fredy Orellana en la que ordenó al TSE cancelar al partido Movimiento Semilla. Y, después, la cuestionada jueza Abelina Cruz —que ha beneficiado con sus resoluciones a personajes como Blanca Stalling, Gustavo Alejos y Alejandro Sinibaldi— le concedió las órdenes de captura en contra de la exjueza Aifán y el periodista Juan Luis Font, por supuestamente coludirse para que un expediente de investigación en contra del colega pasara al juzgado de Mayor Riesgo D, que entonces ella dirigía. ¿Las pruebas? se siguen mutuamente en Twitter y el programa que dirige Font reconoció a Aifán como personaje del año en 2020. Nuevo “caso” que no se sostiene ni con alfileres, pero que sirve para perseguir a otro periodista e intentar silenciarlo a él y a su medio.
El escenario no es para nada distinto al que montaron en contra de Jose Rubén Zamora. Se trata ni más ni menos de un acto de venganza y castigo por el trabajo periodístico de Juan Luis y de un intento por hacer desaparecer el programa que dirige.
Lo de Porras indigna, pero no sorprende. Lo que sí llama a la alarma es que el presidente siga sin tomar cartas en el asunto y, encima, con una lectura distorsionada de la realidad, afirme “que el Pacto de Corruptos se está debilitando” (Prensa Comunitaria 7/12). La ruta de Porras y sus socios es conservar al MP bajo su dominio y esto implica evitar que sea Arévalo quien designe al nuevo fiscal general.
Insisto: el tiempo avanza y la ventana se está cerrando.
ESCRITO POR:
