Atacar a la prensa ha sido una larga y funesta tradición en Guatemala. Incapaces para enfrentar las críticas y señalamientos derivados de investigaciones acuciosas de equipos periodísticos, tanto políticos como empresarios en el poder atacan con lo que tienen a mano; es decir, mediante los cuerpos policiales, de inteligencia y paramilitares que cumplen para ellos sus más sucios encargos. Las agresiones a la Prensa nacional y sus miembros no son nada nuevo, el buen trabajo periodístico, aquel que no se vende, ha representado una amenaza constante para la casta política que se ha erigido en un círculo de intocables en cuyas manos están las llaves de la caja fuerte y, algo aún más sensible, la capacidad de cambiar las reglas del juego mediante un trabajo legislativo clientelista.

La reacción del Ejecutivo no es más que una manifestación explícita del miedo que le domina. Se ve acorralado por el rechazo de la ciudadanía ante su evidente incapacidad para llevar el control del gobierno, para coordinar políticas racionales en momentos tan críticos como los actuales y para responder a las demandas de un pueblo que —a menos de un año de gobierno— ya comprendió el inmenso error cometido al escoger a un títere del empresariado y cómplice de un ejército represor. Guatemala vuelve al escenario de los 80 con un presidente completamente ajeno a la realidad, transformado en enemigo declarado de la democracia.

La reciente captura del periodista Sonny Figueroa es un chiste que se cuenta solo. Junto con su colega Marvin del Cid, publicó una exhaustiva investigación sobre el aparato administrativo supra ministerial que ilegítimamente (y probablemente también fuera del marco legal) ha tomado el control de las acciones del Ejecutivo bajo el mando de un joven protegido del mandatario. Un fuerte financiamiento cubre los caprichos de este Centro de Gobierno cuyo propósito más evidente es blindarse contra cualquier intento de fiscalización. Por lo tanto, las investigaciones y publicaciones de Figueroa y Del Cid le ocasionaron un escozor que solo podía calmarse con una persecución abierta y descarada.

Sin embargo, al presidente y su protegido les salió el tiro por la culata por la torpeza de su reacción y solo provocaron una inmediata y fuerte protesta del gremio periodístico y de numerosos miembros de la sociedad civil. Lo que hoy vive Guatemala es un evidente retroceso hacia las dictaduras del siglo pasado y eso se puede observar cada día en las medidas desesperadas y erráticas del mandatario, quien para dar una impresión de autoridad —de la cual carece— ha recurrido a tácticas reñidas con el marco democrático. Ansioso por derribar obstáculos a sus ambiciones dictatoriales ha dado golpes arteros a la institucionalidad y, por supuesto, al derecho a la libertad de prensa, el mayor de los avatares para cualquier dictador improvisado.

Es imperativo subrayar que sin una prensa independiente, un país cae indefectiblemente en un estado de tiranía y en el colapso del estado de Derecho. El ejercicio del periodismo es, por tanto, un baluarte de las libertades y facultades de las mayorías, ya que la libre expresión no solo es privilegio de la prensa, sino es un derecho inalienable del pueblo a conocer en detalle las decisiones y los actos de sus gobernantes para, de ese modo, ejercer uno de los principios fundamentales de la democracia: la fiscalización del uso de los recursos nacionales y la ruta correcta de las políticas públicas, con el objetivo de garantizar la observancia y pertinencia en el ejercicio del poder. Por eso y mucho más, le temen tanto a una prensa que no se deja amedrentar.