“Inseparable compañero de las dictaduras guatemaltecas ha sido el terror con todas sus implicaciones: crímenes inauditos, espionaje difundido, cárceles y secuestros, desapariciones, torturas y en general todos los mecanismos y procedimientos de los cuales se vale el terrorismo de Estado. La enumeración sería incompleta si no se tomara en cuenta a la miseria de las grandes masas del pueblo y el deterioro cultural, que son inherentes a todos los regímenes políticos en los cuales la democracia ha desaparecido”, nos dice Carlos Figueroa Ibarra en su libro El recurso del miedo, Estado y terror en Guatemala.

La cita es bien válida en estos momentos, porque a pesar de que hemos cumplido de nuevo con una nueva jornada ante las urnas la noción de que el Estado guatemalteco es una estructura utilizada para reprimir persiste y se mantiene en buena parte de la población, además es evidente una creciente desconfianza al marco constitucional, porque quienes manejan las instituciones de poder, lo ejercen sin mayor control y por ejemplo, los procesos judiciales han llegado a ser instancias en donde ya ejercer una defensa molesta es delito.

Un proceso electoral existe para que todos podamos conocer las propuestas, pero sobre todo para analizarlas y así encontrar soluciones a los problemas, si Guatemala tiene el penúltimo lugar en desarrollo humano, dentro del conjunto de países latinoamericanos, debemos buscar soluciones.

El miedo y sus orquestadores tienen difusión, porque la descalificación es más sencilla que la construcción y sobre todo en sociedades donde, tal como don Carlos Figueroa Ibarra lo subrayó, existe deterioro cultural.

“El miedo es la mayor discapacidad de todas”, nos lo señalan muchos, así que una sociedad democrática debe, en primer término, rechazar esos mensajes de constante miedo difundidos solo para intentar convencer que vivimos en una isla rodeada de paz y que eso, conocido como “mejor calidad de vida”, no es aspirable.

Debemos exigir del Estado promover el desarrollo económico, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de cualquier otra naturaleza, así como promover de forma sistémica la descentralización económica y administrativa, proteger el capital y el ahorro, fomentar la construcción de vivienda popular e impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad, tal como nuestra constitución señala en su artículo 119 entre otros aspectos puntuales.

Nuestro marco constitucional no se desarrolla y a pesar de que desde el 14 de enero de 1986 se le ordenó al Congreso discutir y aprobar una ley para regular, las aguas (artículo 127), las leyes que protejan la competencia e impidan prácticas monopólicas (artículo 130) o una ley que proteja y respete los derechos y tierras de los pueblos indígenas (artículo 70), estos debates no se han generado y por consiguiente el propio marco constitucional se siente insuficiente.

Si queremos desarrollo partamos a fortalecer nuestras instituciones, y para ello es clave el respeto al orden constitucional, por eso el miedo no puede ser el motor de nuestras decisiones.

Romper el paradigma de que nuestro Estado es represor por naturaleza es complejo para algunas generaciones, de seguro lo tendremos tatuado, pero no podemos condenar a los jóvenes a vivir bajo la autocensura, el regaño o el freno cuando el punto es fomentar la libre emisión del pensamiento, el debate político y social en todos los órdenes y educar a la población en democracia para forjar marcos de libertad en donde podamos desarrollarnos de forma integral y en paz, por ello el miedo es el peor de los consejeros y sus difusores grandes farsantes que intentan confundir a los patojos que lo único que buscan son opciones y libertad.