¿Qué tiene en común la persecución que afrontan la abogada Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien se vio forzado a renunciar la semana pasada como titular del juzgado B de Mayor Riesgo, y el periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador y presidente de elPeriódico?

La exfiscal Virginia Laparra guarda prisión desde hace 9 meses. Está encarcelada por haber denunciado administrativamente al entonces juez y hoy Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos. Interpuso las denuncias como parte de su trabajo, al tener conocimiento de la supuesta filtración de información que habría realizado el juzgador para beneficiar a uno de los imputados, en un caso que estaba bajo reserva. Se le ha negado reiteradamente la prisión domiciliaria y el MP anunció una nueva orden de captura en su contra.

Miguel Ángel Gálvez, un juez con 23 años de carrera, se vio forzado a salir del país y renunciar a su judicatura. La CSJ aceptó una querella en su contra y ordenó que se iniciara el trámite para retirarle la inmunidad. Gálvez denunció que la persecución penal a la que está siendo sometido no tiene sustento y que le fue negado, reiteradamente, su derecho de defensa. A la par de la criminalización, le vigilaban, amenazaban y hostigaban en redes sociales.

José Rubén Zamora tiene más de 100 días detenido en una bartolina. Le dejan salir a tomar el sol 1 hora diaria. Organizaciones gremiales manifestaron ante la CIDH que se están utilizando distintos mecanismos de tortura sicológica en su contra. El caso contra Zamora por lavado de dinero se armó en 72 horas y aunque la fiscalía adujo que su detención “se debía a su actividad como empresario, y no a su labor periodística”, las cuentas del diario fueron embargadas y el matutino anunció que dejará de circular en papel el 1 de diciembre.

Los tres están pagando el precio de enfrentar, desde sus espacios y sus ámbitos laborales, a estructuras integradas por personas de poder político, económico, militar y criminal, responsables de delitos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Estas redes que fueron llevadas ante la justicia a partir de las investigaciones del MP y la Cicig entre 2015 y 2018, se reconfiguraron en un frente común -conocido como el “Pacto de Corruptos”- y emprendieron una estrategia para desbaratar los casos en los que estaban involucrados; sacar del país a la comisión internacional y recuperar el control de la Fiscalía General y las altas cortes, imperativo para terminar con la persecución penal en su contra.

Una vez conseguidos estos objetivos, avanzaron en la “purga” interna del MP: despidos, expedientes disciplinarios y acusaciones penales en contra de quienes llevaron adelante los casos por corrupción y delitos de lesa humanidad. Luego dieron un paso más: la persecución contra juezas y jueces que conocieron los procesos en sus judicaturas. El resultado: más de 30 operadores de justicia, investigadores y abogados de la extinta Cicig en el exilio y una proliferación de órdenes de captura en su contra.

De la purga pasaron a la venganza. Con querellas infundadas e investigaciones exprés empezaron también a perseguir a activistas de derechos humanos y a periodistas, para cerrar el círculo de las y los actores que juegan un papel central en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. En el caso del periodismo independiente, se busca silenciar a las voces críticas y a los medios que investigan y publican aquello que los poderosos quieren que se mantenga oculto.

Y aquí estamos, siendo testigos de cómo el aparato de justicia se utiliza para criminalizar.