Registro akásico
El impenitente malpensado
Una parte de la ciudadanía está cansada de los discursos woke, otra prefiere la irreverencia total.
El desconfiado tiende a considerar motivos ocultos en las acciones carentes de explicación. Si el gobierno detiene las obras públicas para dejar de pagar a los contratistas, piensa que busca estocar las finanzas de las empresas para forzar a los dueños a un pago inconfesable. Un receloso parte de considerar la concesión de una construcción de gobierno o municipio, resultado de un pago previo para alcanzar el nombramiento. Cuando llega un nuevo gobierno se requiere de nuevo el beneficio indebido para conceder los desembolsos para concluir la obra. Por lo tanto, se detienen los pagos en función de un nuevo acuerdo. Como resultado disminuye la cantidad de cemento, varillas de hierro o la calidad de los materiales para ajustar el coste sin sacrificar la ganancia. Todo se perdonará, pues, al fin, ahora ejecutores y supervisores son compadres en el negocio.
El suspicaz considera al presupuesto como un anticipo para untar a las compañías formadas por diputados y miembros de consejos de desarrollo en determinados municipios. No es una exacción propiamente dicha, porque los trabajos se realizan, pero ya está escogida la empresa ejecutora. Por lo tanto, proponer una ampliación presupuestaria cuando no existe la total capacidad de ejecución sirve para afianzar el futuro negocio. Esto es como exponer un plato de chilacayote en dulce. Cafecito, con sus semillas tostadas y las fibras transparentadas por el hervor, para hacer agua la boca de los diputados. A cambio de votos en determinados asuntos: la oposición ha sido domada. Siempre existen los que no alcanzan a ser considerados como corruptibles.
Al exsuperintendente de la SAT y ex contralor general de Cuentas de la Nación Marco Tulio Abadío se le extinguieron Q34.7 millones en sus cuentas bancarias. El exfuncionario fue detenido el 14 de julio de 2004, fue condenado a 30 años de prisión, pero solo purgó 13 por resolución judicial en la oficina de redención de penas. Debió haber pagado Q24.158 millones de responsabilidades civiles, y una multa de Q90 mil, para obtener la libertad. Los recelosos sospechan se pasan por alto esas obligaciones y se conceden favores, por obsequios a los supervisores penales.
Siempre existen los que no alcanzan a ser considerados como corruptibles.
El grupo familiar participaba del peculado y se refugió en los EUA. No se sabe de la persecución en ese país. ¿Vivían al día y carecían de cuentas bancarias? Un alcanzativo puede considerar que hay socios con fondos allí. El enriquecimiento ilícito por la sustracción en la SAT y la Contraloría alcanzaron para regalar Q1.8 millones a la campaña de la UNE de Álvaro Colom. Al momento de ser capturado tenía Q600 mil en efectivo.
El 9 de febrero de este año se cerró al público la audiencia para resolver el hallazgo de Q122 millones en un condominio de la Antigua. El exministro del Micivi José Luis Benito se declaró culpable y recibió dos años de prisión y una multa de Q1.6 millones con reparación de Q220 mil. Todo permanece en secreto por decisión de la jueza a cargo. Un receloso puede considerar que no todo estaba en la Antigua y quedó algo para repartir. Como era escandaloso liberar al encausado, se le mantuvo retenido por otro proceso, pero pronto saldrá, piensa el descreído en la administración de justicia nacional.
Mientras solo fuera revolcarse en el lodazal de la corrupción de la obra pública, daría asco; pero resulta que hay afectación general de la población en la educación, los ahorros personales, los servicios de salud, la seguridad pública, la protección de la naturaleza y la sanidad del agua, vivienda, etc. Por eso, los malpensados no parecen tan desencaminados.
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