El formalismo, patología burocrática
Las administraciones públicas son por naturaleza burocráticas. ¿Para qué enredarlas con formalismos absurdos?
Tras el primer año del gobierno presidido por Bernardo Arévalo, como es lógico, no todo ha sido bueno o malo. Las deficiencias en aspectos administrativos, esto es, lo que hace al Poder Ejecutivo “ejecutivo”, están a la vista. Abajo me permito ofrecer algunas ideas que, quizás, puedan ser útiles. Empero, hay ciertas cosas invisibles, por así decirlo, que son positivas.
Las administraciones públicas son por naturaleza burocráticas. ¿Para qué enredarlas con formalismos absurdos?
Una de ellas es la relativa al respeto por los límites. Los límites del poder. Los límites del poder vienen dados por la Constitución y las leyes. En ese sentido, el gobierno de Bernardo Arévalo respeta los límites. Dicho todavía de otra manera, es un gobierno que refleja una mentalidad básica de respeto a las reglas que organizan al Estado y disponen las funciones de sus órganos.
Otro tema es el de las preferencias o inclinación ideológica del presidente y su equipo. Cada ciudadano puede o no estar de acuerdo con ese aspecto del equipo en el Poder Ejecutivo, pero, en una democracia, unas veces habrá mayor afinidad ideológica; otras, menos.
Por mi parte, no me cabe duda de que Guatemala necesita una visión en la que los órganos del Estado generan las bases y condiciones ideales para que, en un ambiente de libre competencia, se consiga el mayor crecimiento económico posible. Subsidiariamente, hay cabida para estimular el arranque de ciertos procesos productivos y, solidariamente, para ocuparse de las necesidades de quienes, por sus propias fuerzas, no alcanzan una existencia digna en el marco del mercado.
Pasando a las sugerencias de cómo conseguir mayor “capacidad ejecutiva”, las proverbiales ineficiencias de todo aparato estatal para ejecutar proyectos —no solo en Guatemala ni en esta administración— se relacionan con la circunstancia de que, en el ámbito de las administraciones públicas, todo, sin excepción, debe cumplir dos requisitos, a saber: el resultado material —un camino, un aeropuerto, un puente, etc.— y la legalidad formal. Este último aspecto siempre es engorroso, pero, en Guatemala, más. Eso se debe a una deformación de la formalidad legal que, técnicamente, se llama “formalismo”.
El formalismo es dar más importancia a la forma que al fondo, es buscar pelos en la sopa. Puede presentarse tanto en las propias disposiciones legales o reglamentarias como también en la mentalidad o enfoque con que se interpreten o apliquen las reglas. En nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra práctica administrativa el formalismo se presenta a los dos niveles.
Por ejemplo, un apellido mal escrito, una fecha equivocada, un número de más o de menos, que un nombramiento haya vencido 10 días antes o después, pueden tumbar un proceso de licitación que llevaba ya seis meses de duración. Todos esos detalles son subsanables y debieran poder corregirse en un plazo razonable. Los requisitos de forma debieran servir el propósito de comprobar aspectos sustanciales. Como ocurre en otras jurisdicciones, la documentación formal ya debiera constar en formularios digitales, en lugar de actas, fotocopias, certificados y declaraciones juradas que, poco —si algo— aportan a la sustancia.
La clave está en prever que los errores, deficiencias u omisiones formales puedan corregirse, de manera que no se detenga el desarrollo del país por formalismos insignificantes que, en no pocas ocasiones, sirven de pretexto para extorsionar una mordida, encubrir un acto de corrupción o sacar del concurso público a competidores que, en el fondo, merecían la adjudicación de un proyecto.
La administración pública es por naturaleza burocrática, no hay necesidad de enredarla con formalismos inmateriales que, en el peor de los casos, pueden corregirse.
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