A contraluz
El exilio para preservar la vida
La exfiscal Laparra estuvo encarcelada durante dos años en una bartolina, de la que solo salía una hora al día a tomar el sol.
La exfiscal Virginia Laparra ha vivido en carne propia la persecución de un sistema de justicia cooptado que se ha ensañado contra quienes han librado la batalla contra la corrupción e impunidad. Su caso demuestra cómo el Ministerio Público y jueces venales han servido para convertir la prisión preventiva y la justicia como una forma de tortura. Al igual que Jose Rubén Zamora, Laparra estuvo encerrada en una bartolina, de la cual solo salía para tomar una hora de sol cada día. Mientras ocurría eso, el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, ni siquiera se tomó la molestia de verificar la situación lamentable en que se encontraba la exfiscal, mucho menos emitir un pronunciamiento por la flagrante violación a sus derechos humanos. El procurador está al servicio de las mafias. El juez Sergio René Mena, que llevó su caso, llegó al extremo de decir que lo único que se podía hacer era trasladar a la exfiscal al Hospital de Salud Mental Federico Mora, o sea al manicomio.
La exfiscal Laparra estuvo encarcelada durante dos años en una bartolina, de la que solo salía una hora al día a tomar el sol.
¿Cuál fue el delito? Cuando Laparra era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en Quetzaltenango, denunció al juez Lesther Castellanos por la supuesta filtración indebida de información reservada de un caso en investigación. Ese juez presentó una denuncia por abuso de autoridad y de inmediato el MP la persiguió a ella. Estuvo en “cárcel preventiva” por dos años, para luego ser condenada a cuatro años de prisión por abuso continuado de autoridad. La semana pasada fue condenada a otros cinco años conmutables porque supuestamente divulgó información confidencial. Paradójicamente, Castellanos fue elegido por el Congreso como relator de la Oficina de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos. Pero Castellanos no engaña a nadie, por algo fue incluido por el Departamento de Estado de EE. UU. en la lista Engels de actores corruptos y antidemocráticos.
Ahora Laparra ha decidido salir al exilio para evitar más persecuciones por parte de un Ministerio Público y un sistema de justicia corrompidos. En una carta difundida a través de medios periodísticos, la exfiscal dice: “Nadie debe sufrir lo que se me forzó a enfrentar en los últimos tiempos. Estuve detenida arbitrariamente por dos años en los que se me trató de forma inhumana”. Indica que la persecución en su contra comenzó en el 2017 y dos veces fue condenada en forma injusta, por la única razón de haber realizado su trabajo como fiscal de manera independiente y haber mantenido su dignidad intacta. Por esa razón, afirma que ha decidido salir al exilio para preservar su vida. “Lo hago con tristeza y con plena conciencia de que esta decisión será especialmente dura para mi familia, mis amistades y mis abogados. Les pido que entiendan la dificultad de mi decisión y que procedo con el objetivo único de protegerme y protegerles”, indica en la misiva.
Laparra se une a las más de 80 personas que han tenido que salir del país para evitar la persecución de un sistema judicial cooptado. Exfiscales, magistrados, jueces, periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes y periodistas forman parte de ese éxodo de personas que han sido hostigadas por la estructura de corrupción e impunidad que montó el expresidente Alejandro Giammattei y que se mantiene activa. Como parte de esa entente, el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, abandonó la persecución contra las mafias incrustadas en el Estado y se ha dedicado al hostigamiento y encarcelamiento de quienes han denunciado y combatido la corrupción. El exilio no es fácil porque significa la imposibilidad de regresar a la patria que está en manos de fuerzas oscuras. Le expreso mi solidaridad a la exfiscal Laparra, así como a los demás compatriotas que afrontan esta difícil situación.
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