Las últimas dos semanas dejaron más clara que nunca la ruta de la impunidad en Guatemala. Las resoluciones de distintos juzgados y de la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ); el accionar del Ministerio Público (MP) bajo la dirección de María Consuelo Porras Argueta y de su incondicional Rafael Curruchiche; y los anuncios de personajes implicados en delitos de gran corrupción, respecto de su intención de querellarse en contra de las y los investigadores y fiscales que los procesaron, dibujan con precisión el entierro de la justicia independiente en el país.

El proceso de retiro de inmunidad del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar continuó su marcha sin tropiezos. El pleno de la Suprema decidió rechazar la recusación que Gálvez planteó en contra del magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez y lo confirmó como juez pesquisidor. Esto a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos sobre las razones por las cuales está en entredicho la idoneidad y objetividad de Chávez Pérez a la hora de recomendar, o no, el retiro del derecho de antejuicio del titular del juzgado de Mayor Riesgo B.

Pero como ya no se trata de aplicar la ley sino de deshacerse de jueces y juezas que constituyen un obstáculo para la alianza pro-impunidad, Chávez seguirá conociendo el expediente, tal como sucedió en el caso de la entonces jueza Erika Aifán.

Casi en simultáneo se conocía de una nueva orden de captura en contra de la exfiscal anticorrupción de la Feci de Quetzaltenango, Virginia Laparra. La abogada, que desde hace 8 meses permanece encarcelada en condiciones precarias, se encontraba en el Tribunal Octavo de Sentencia, donde se llevaba a cabo la audiencia en la que su defensa estaba solicitando el arresto domiciliario.

A la Torre de Tribunales se presentaron policías y fiscales para hacer “efectiva” la orden de aprehensión, obviando su condición de privada de libertad. Peor aún: la nueva orden de captura es por el supuesto delito de “revelación de información confidencial y reservada” que habría ocurrido en julio de 2017, cuando se desempeñaba como agente fiscal. Todo apunta a una maniobra del MP para que, en caso se decretara una medida sustitutiva, Laparra no pudiera salir de prisión.

Sin embargo, en el mismo lugar, y casi a la misma hora, el exdiputado y excandidato presidencial del extinto partido Líder, Manuel Baldizón, quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero —acto del cual se declaró culpable—, fue beneficiado por la jueza Virginia de León con arresto domiciliario y se le dictó falta de mérito por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero en el caso denominado “Transurbano”, basado en una sólida investigación de la anterior Feci con abundante evidencia sobre el uso de fondos del Estado para comprar un helicóptero.

Pero la arremetida contra fiscales e investigadores anticorrupción no se detuvo ahí. Un nuevo allanamiento se registró en la vivienda de los padres de Leily Santizo, abogada exmandataria de la Cicig. Como se ha vuelto costumbre, cuentas anónimas en redes sociales difundieron la existencia de una nueva orden de captura en su contra, citando fuentes “confiables” del MP.

Sus abogadas defensoras denunciaron que no han tenido acceso al expediente y ratificaron que Santizo “se ha presentado casi diariamente a la sede de la Feci” y siempre ha estado en disposición de someterse al proceso. Incluso, indican, “entregó voluntariamente su teléfono y ello ha tenido como consecuencia esta persecución espuria”.

Y no podía faltar una nueva orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro y una nueva campaña de desprestigio en contra de la labor que realizó al frente de la Feci. Así el doble rasero de la “justicia” en el país de la eterna impunidad.