Recientemente, los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Guyana se reunieron en Brasilia, bajo los auspicios de Brasil, Celac y Caricom, con presencia de un representante del secretario general de la ONU. El Comunicado Conjunto, redactado por Itamaraty, no dice mayor cosa, salvo que las partes acordaron seguir conversando y que en la próxima reunión cada parte presentará los temas que quiere discutir. Pero, al escuchar las declaraciones de cada uno, al finiquitar la reunión, es evidente que las partes están “enviscadas” en dos equívocos monólogos, donde, como dice Octavio Paz: “nunca oímos lo que dice el otro o, si lo oímos, creemos siempre que dice otra cosa”. En efecto, el canciller guyanés, Hugh Todd, ratificó con extrema claridad que para Guyana la controversia sobre el Esequibo será resuelta en la Corte Internacional de Justicia y que no participará en ningún otro medio de solución de controversias hasta cuando la CIJ decida al respecto. Mientras tanto está dispuesta a conversar de todos los otros temas de interés para los dos países vecinos. El canciller Yvan Gil, en cambio, manifestó que la reunión era una victoria diplomática de Venezuela y dejó entender que el diálogo era, en la práctica, la reapertura de una negociación bilateral sobre la controversia. Es evidente que el gobierno de Maduro trata de confundir a la opinión pública cuando repite que el proceso ya activado en la CIJ es algo contrario al Acuerdo de Ginebra, en la realidad estamos en la CIJ, porque dos secretarios generales de la ONU, el último “buen oficiante-mediador” y la propia CIJ, interpretaron el Acuerdo de Ginebra de forma tal que el secretario general de la ONU tenía la competencia de llevar el caso ante la CIJ. Además, la CIJ asumió la jurisdicción sobre la controversia y Venezuela, al nombrar un juez ad hoc y presentar recursos ante la misma, ha aceptado participar en el proceso. Venezuela tiene hasta el 8 de abril del 2024 para presentar su “contramemoria” a la demanda de Guyana en la CIJ. Un gobierno responsable debería estar haciendo su tarea, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender nuestros derechos en la CIJ. En cambio, el gobierno sigue repitiendo su “narrativa” ideológica “antiimperialista”, proyectando la imagen de que el gobierno de Guyana y la propia CIJ son títeres de la EXXON. Olvidando, “curiosamente”, que los socios de la EXXON en Guyana son la Compañía Petrolera Estatal China (CNOOC) y la Chevron, que opera en Venezuela. Esta posición es de una extrema irresponsabilidad, además de poco seria. La Corte, con o sin la presencia de Venezuela, seguiría el proceso y en unos pocos años dictaría su sentencia, que es de obligatorio cumplimiento e inapelable.

¿De qué sirvió el referéndum sobre el Esequibo? Se gastaron millones de dólares, en un país con salarios de hambre y servicios públicos, escuelas y hospitales desastrados. ¿Dónde es que “comanda” el general “comandante” de la Guayana Esequiba? ¿Cuántas licencias han dado PDVSA-Esequibo y CVG-Esequibo? ¿Cuántos esequibanos han solicitado la nacionalidad venezolana?

Lo cierto es que hay más de 35.000 venezolanos que han emigrado a Guyana. Antes del referéndum eran recibidos con generosidad, ahora vienen inmediatamente deportados.

Es cada día más evidente que el referéndum fue una maniobra para distraer la atención pública del éxito de las primarias de la oposición y del inmenso fracaso socioeconómico, en vista de las anunciadas elecciones del 2024, enarbolando la bandera nacionalista. Además, se trata de hacer olvidar el manejo irresponsable y muy poco profesional de la controversia durante más de dos décadas.